Tras las recientes y polémicas declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, el debate sobre la protección de la infancia en el Perú ha tomado un giro siniestro. Con un tono de victoria, la legisladora afirmó que en los albergues que impulsa, niñas de entre 10 y 13 años —embarazadas tras ser víctimas de violación— han completado sus gestaciones con éxito. Según Jáuregui, «ninguna se arrepiente» de haber sido madre, en un giro retórico que invisibiliza el trauma de la agresión sexual, sostuvo que la «verdadera víctima» en estos casos es el feto.
Estas afirmaciones no constituyen meras opiniones personales, sino respaldan una agenda política que busca moldear las leyes del país hacia la maternidad infantil forzada. Sin embargo, aquel “orgullo” y “júbilo” de la congresista chocó fuertemente con la realidad cuando la opinión pública encontró imágenes del albergue.
Las propias declaraciones de la pastora acompañan estas imágenes. Según sus palabras, en ese espacio, las niñas pueden “realmente disfrutar su embarazo”, “vivir su infancia” y “amar el fruto de su vientre”. Estas “orgullosas” afirmaciones, lejos de tranquilizar a la opinión pública, abrieron nuevos interrogantes éticos y legales.
¿Protección o instrumentalización?
Lo que Jáuregui describe como un proceso de acompañamiento, las imágenes difundidas desde el albergue “La Casa del Padre” revelan como una puesta en escena revictimizante. En ellas, se observa a niñas con vientres pronunciados siendo presentadas en eventos religiosos ante auditorios. Mientras la pastora celebra estos nacimientos como un “triunfo de la vida”, las cámaras captan a menores que ocultan sus rostros y mantienen la cabeza agachada, símbolos evidentes de una profunda incomodidad y vergüenza.
En este escenario, las niñas no son sujetos de derecho en proceso de recuperación; por el contrario, son presentadas e instrumentalizadas como trofeos de una batalla cultural. No hablan, no intervienen, solo están allí, expuestas públicamente, en un contexto que transforma una experiencia traumática en un mensaje moral, religioso y político.
El problema de fondo no radica únicamente en la postura sobre el aborto, sino en la instrumentalización del dolor infantil para ganar simpatía en un electorado específico. Presentar a una niña víctima de violencia sexual como un «logro» de la maternidad no constituye reparación ni protección. En cambio, desplaza el foco de la agresión y la normalización de la violencia de género hacia una celebración de la maternidad forzada.
De acuerdo con información difundida por la propia congresista, instancias del Estado derivan a estas menores a dicho albergue, pero ¿Puede un Estado laico delegar la atención de niñas vulneradas a espacios regidos por una cosmovisión religiosa que niega el enfoque técnico, médico y psicológico basado en los derechos humanos?
La protección de la niñez es un deber público que no puede quedar supeditado a dogmas religiosos ni a creencias particulares, especialmente cuando estas bloquean y limitan el derecho de las niñas a acceder al aborto terapéutico. Es imperativo que el cuidado de las menores se sostenga en criterios médicos rigurosos, evidencia científica y estándares internacionales de derechos humanos que prioricen la salud física y mental de la niña sobre cualquier ideología.
Pero, lo más inquietante de este episodio es que no ocurre de manera aislada; por el contrario, se inscribe en una agenda más amplia que incluye la restricción del aborto terapéutico, el cuestionamiento de la educación sexual integral y la eliminación del enfoque de género en el marco normativo. En conjunto, todas estas medidas reducen las herramientas del Estado para prevenir la violencia hacia la mujer, identificar los factores que permiten y facilitan esta violencia, y, por ende, en proteger a las niñas y adolescentes.
Ante la creciente ola de indignación, el partido Renovación Popular emitió un comunicado intentando marcar distancia. En el documento, aseguran no compartir ni avalar lo ocurrido en el evento, al cual se refieren vagamente como organizado por “una congregación”, alegando que estos hechos no representan «los valores ni la línea» de la organización política.
Sin embargo, el comunicado resulta tan vago como omiso, debido a que evitaron mencionar por su nombre a la congregación involucrada y, más grave aún, omitieron el nombre de la propia Milagros Jáuregui, actual congresista y aspirante al Senado por sus filas. Esta calculada ambigüedad deja en el aire si existirán sanciones reales o se trata simplemente de un control de daños mediático para proteger una candidatura clave.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha declarado disponer, de manera inmediata, acciones de supervisión y verificación del centro con la finalidad de «establecer si se cumplieron los estándares de atención y protección integral«.
En el espectro internacional, la organización Amnistía Internacional fue tajante al rechazar la «normalización de la violencia contra niñas víctimas de abuso sexual«. La organización condenó cualquier forma de expresión revictimizante y el uso político de menores, señalando que discursos como los de la congresista niegan la condición primordial de las niñas como víctimas. Las cifras que aportan son una bofetada a la narrativa del «logro» ya que solo en 2025, 993 menores de 14 años (en su gran mayoría víctimas de violación) se convirtieron en madres en el Perú.
La infancia jamás puede ser un escenario
Cuando un espacio destinado al refugio se transforma en una tarima de exhibición, la frontera entre el cuidado y la vulneración desaparece. Esta discusión no debe reducirse a una pugna religiosa o ideológica; es, en esencia, una cuestión de humanidad básica y respeto a la dignidad.
Mientras el Estado siga delegando su responsabilidad en manos de quienes priorizan el dogma sobre el trauma, niñas menores de 14 años seguirán siendo madres. Nos preguntamos urgentemente, ¿se está protegiendo a las niñas o se las está utilizando para sostener un mensaje político?