En la actualidad, Irán atraviesa una fase de inestabilidad sociopolítica sin precedentes. Las movilizaciones masivas que han captado la atención internacional plantean la siguiente interrogante ¿se enfrenta el régimen absolutista a su colapso definitivo? Este estallido, el desafío más significativo para la teocracia desde el asesinato de Mahsa Amini en 2022 por la policía tras llevar el velo de “forma incorrecta”, no es solo una reacción a la asfixia económica y la inflación galopante, sino un rechazo frontal a un modelo de control social sumamente represivo.
La respuesta del Estado ha seguido un patrón de aislamiento y represión sistemática. Mediante el cercenamiento de la conectividad digital, Teherán ha buscado invisibilizar las violaciones a los derechos humanos de la indignación de la comunidad internacional. En el ámbito jurídico, el aparato estatal ha recurrido a la doctrina de la «rebeldía contra Dios» para tipificar la disidencia como un delito capital, justificando así ejecuciones y detenciones arbitrarias que, según organizaciones de derechos humanos, superan las quinientas víctimas fatales.
A esta crisis interna se le suma los intereses externos. Donald Trump – para sorpresa de nadie – ha insinuado que Washington evalúa “intervenir” en Irán en nombre de la protección de los manifestantes, apropiándose del discurso humanitario como justificación política. Por su parte, el régimen iraní ha respondido con amenazas directas, asegurando que, si Estados Unidos se involucra, está dispuesto a atacar objetivos militares y navales estadounidenses, elevando el conflicto a un terreno abiertamente bélico.
Este conflictivo escenario ocurre, además, con el antecedente inmediato de la llamada “guerra de 12 días” (13–24 de junio de 2025) entre Israel e Irán, con participación directa de Estados Unidos en ataques a instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio, un episodio que expuso la fragilidad del sistema iraní y su vulnerabilidad frente a la ofensiva militar estadounidense.
Irán, un país de terror
Según Amnistía Internacional, las mujeres en Irán sufren una violencia estructural que las posiciona como ciudadanas de segunda clase, en especial en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, el empleo, la herencia, los estudios universitarios y los cargos políticos.
La obligatoriedad del hiyab no es meramente una norma vestimentaria, sino un mecanismo de control cuya transgresión conlleva desde la exclusión civil hasta penas de prisión. Asimismo, el adulterio constituye un delito punible bajo pena de lapidación.
Más aún, las niñas pueden contraer matrimonio desde los 13 años y, si su padre lo desea, puede casarlas a la fuerza a una edad incluso más temprana.
De igual forma, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI también sufren discriminación, ya que la homosexualidad está tipificada como un delito cuyo castigo deriva de la flagelación hasta la pena de muerte, indiscriminadamente si son niños o adultos.
Asimismo, las fuerzas del orden y funcionarios públicos ostentan de impunidad sistemática frente a homicidios ilícitos, tortura, desaparición forzada, agresión sexual y otros crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos. Varios detenidos por desafiar el régimen han fallecido en circunstancias sospechosas, en relación con las cuales se recibieron informes fidedignos de tortura, amputación, lapidación, flagelación, negación de asistencia médica y otros malos tratos.
El Legado de 1979: Una teocracia absolutista
El orden político que rige Irán es producto de la Revolución de 1979, un proceso de ruptura estructural que no solo supuso el fin de la monarquía autoritaria de Pahlaví, sino la instauración de un modelo inédito: la República Islámica. Bajo la dirección del ayatolá Ruhollah Jomeini, esta transformación trascendió el relevo gubernamental para establecer una teocracia que fusionó el poder político con la autoridad religiosa, institucionalizando un control social y político absoluto que persiste hasta la actualidad
Para comprender la cosmovisión del actual liderazgo, encabezado por Alí Jamenei, es imperativo analizar la responsabilidad histórica de la política exterior estadounidense en la desestabilización democrática de la región. El sentimiento antioccidental del régimen no es un fenómeno espontáneo, sino una reacción a años de injerencia extranjera. Un hito crítico fue el golpe de Estado de 1953, apoyado por la administración Eisenhower, que derrocó al gobierno democrático de Mohammad Mosaddeq tras su intento de nacionalizar la industria petrolera. Al desmantelar la incipiente democracia iraní, Washington consolidó el poder autoritario de Mohammad Reza Shah Pahlavi, convirtiéndolo en un enclave estratégico de sus intereses en Oriente Medio.
Durante los siguientes años, el gobierno de Shah actuó bajo los intereses de Washington. Este escenario fue el catalizador que unificó diversos sectores en una oposición compartida contra la injerencia externa y la represión interna. Sin embargo, el vacío de poder tras la caída de la monarquía fue capitalizado por la facción religiosa más radical, dando paso a un régimen que ha degenerado en un aparato estatal represivo y que ha violentado enormemente los derechos de las mujeres. El sistema actual se caracteriza por la vulneración sistemática de los derechos humanos, la erosión de las libertades civiles y un marco legal teocrático que utiliza la fe para legitimar la persecución y la desigualdad estructural de género.
Las repercusiones de este giro sistémico han sido de largo alcance y carácter estructural. En el ámbito interno, se consolidó un modelo de gobernanza donde la autoridad religiosa —fundamentada en la teoría política chiita del Velayat-e Faqih (Gobierno del Jurista)— asumió la hegemonía política, subordinando el contrato social y las normas de convivencia a una interpretación fundamentalista de los preceptos religiosos. Bajo esta arquitectura institucional, la figura de la presidencia queda relegada a un rol administrativo supeditado, ya que la jefatura del Estado reside de manera absoluta en el Líder Supremo, cargo ocupado por Alí Jamenei desde 1989. La Constitución iraní le otorga facultades plenas que le permiten ejercer un control efectivo sobre los tres poderes del Estado, las fuerzas armadas y los medios de comunicación, anulando de facto cualquier principio de contrapeso democrático.
En la dimensión exterior, la Revolución de 1979 alteró irreversiblemente el equilibrio de poder en Oriente Medio. El colapso del vínculo con Washington, simbolizado principalmente por la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense, no solo supuso una ruptura diplomática definitiva, sino que inauguró una era de hostilidad. Este nuevo paradigma geopolítico arrastró a la región a un ciclo de conflictividad prolongada, cuyo primer exponente fue la guerra contra Irak en la década de los ochenta. Desde entonces, la política exterior del régimen se ha caracterizado por un antagonismo hacia Occidente y sus aliados regionales.
En conclusión, el Irán actual es el resultado de una paradoja histórica: un régimen nacido como respuesta a la injerencia extranjera y al autoritarismo monárquico ha terminado por replicar y perfeccionar esos mismos mecanismos de opresión. La ruptura con Occidente, iniciada con la crisis de los rehenes y perpetuada a través de décadas de hostilidad, ha servido al régimen como el pretexto ideal para justificar la represión interna en nombre de la soberanía nacional.
¿Y ahora?
El futuro de Irán sigue siendo incierto; sin embargo, algo resulta indiscutible: la insatisfacción y el rechazo social han alcanzado los niveles más algo. Las voces de hombres y mujeres que, pese al riesgo real de perder la libertad o la vida, salen a las calles para protestar contra un gobierno represivo expresan algo más profundo que una demanda coyuntural: evidencian la voluntad de recuperar legitimidad política y reconstruir el “contrato social” roto entre Estado y ciudadanía. En ese escenario, ser testigo de miles de mujeres protestando, luchando lado a lado contra un sistema que durante décadas las ha relegado y les ha negado el acceso a sus derechos básicos, no solo es un acto de resistencia civil estremecedor, sino políticamente decisivo que desafía y núcleo mismo de la identidad ideológica del régimen. Al enfrentarse a un sistema que ha institucionalizado su exclusión, estas mujeres están liderando una redefinición de la soberanía nacional que trasciende la religión.
Lo que viene puede tomar rutas muy distintas, y cada una tiene costos y riesgos. Un primer escenario es la continuidad endurecida donde el régimen logra mantenerse mediante mayor represión, vigilancia y criminalización jurídica, conteniendo la protesta a corto plazo, pero acumulando un desgaste que puede volver más probable una crisis futura más aguda. Un segundo escenario es una apertura controlada, donde el poder intenta descomprimirse mediante reformas parciales o concesiones limitadas sin alterar el núcleo del sistema. Por último, un tercer escenario es la ruptura del sistema – ya sea mediante la movilización interna o por la intervención extranjera – que impida a Alí Jamenei seguir sosteniendo el poder y fuerce una transición.
Es necesario no descartar la posibilidad de la intervención externa como un factor de riesgo. Aunque, desde fuera, pueda percibirse como una opción viable para detener los abusos, la intervención militar externa tiende a producir efectos contraproducentes a largo plazo. La verdadera transformación de Irán, por tanto, parece depender de la resiliencia de su propia sociedad civil en su búsqueda por recuperar un Estado que sea, finalmente, reflejo de su pueblo y no de unos pocos.