A puertas de las elecciones generales, hay candidatos que afinan propuestas, refuerzan sus campañas o buscan terminar de conectar con el electorado. Otros, en cambio, parecen haber adoptado por la estrategia más … mediocre, aquella que busca desacreditar el proceso antes de que ocurra. Este es el caso del candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien las últimas semanas ha intensificado un discurso que, más que advertir posibles irregularidades, parece anticipar una derrota incómoda.
Durante un mitin en Chulucanas, el candidato no dudó en afirmar que “está en marcha un fraude electoral igual que en 2021”, haciendo ilusión a la acusación – sin evidencia – de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de fraude electoral al perder contra el golpista Pedro Castillo. De igual manera, sostuvo que actualmente existe una “mafia” encargada de regir los organismos públicos.
Esta acusación implica cuestionar directamente la legitimidad y neutralidad de las instituciones del Estado encargados de organizar y llevar a cabo las elecciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Sin embargo, el contexto de estas declaraciones resulta, por decir lo menos, revelador ya que apenas hace unas semanas antes del Debate Presidencial, López Aliaga lideraba las encuestas. Pero tras las últimas encuestas de Ipsos, Datum y CPI, fue relegado al tercer lugar, por detrás de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez.
El descenso no es menor. Y, aparentemente, tampoco lo es la reacción. Cuando los números lo respaldaban, las encuestas no eran un problema e incluso solía compartirlas en sus redes sociales. No obstante, ahora que tras su desempeño en el debate la opinión dejó de favorecerle, estas se convirtieron en “basura” que “miente al pueblo”. Este discurso es estratégico y conveniente que construye la idea de una conspiración organizada desde el propio aparato estatal diseñada para impedir que su candidatura alcance el poder. En esta narrativa, López Aliaga deja de ser únicamente un candidato para convertirse, simultáneamente, en víctima y en amenaza del Estado peruano. Víctima, porque —según su relato— existiría un sistema dispuesto a bloquearlo; y amenaza, porque su eventual llegada al poder implicaría un quiebre con ese mismo sistema.
Al presentarse como alguien que incomoda la clase política dirigente, termina posicionándose como un supuesto “salvador”. No uno validado por sus propuestas, eficacia o respaldo popular, sino por la idea de que, si el sistema intenta detenerlo, debe ser porque representa algo distinto. O, al menos, algo lo significativamente disruptivo como para justificar la sospecha.
En este escenario, López Aliaga insta a los simpatizantes a “vigilar su voto”. Esto podría interpretarse como un llamado a la participación ciudadana, pero en el marco de un discurso que insiste en un fraude inminente, este llamado adquiere otro significado.
A estas declaraciones se le suma la amenaza de muerte realizada contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. En una entrevista reciente, López Aliaga lanzó una frase dirigida a Corvetto la cual se interpretó como un elemento de intimidación directa.
Es en este contexto donde resulta inevitable señalar la incongruencia del comportamiento político de López Aliaga. Mientras que intenta presentar hacia los electores un discurso de fraude como una defensa de la democracia y la voluntad popular; al mismo tiempo deja en claro que estaría dispuesto a alcanzar el poder mediante el uso de la violencia.
La denuncia de un sistema sin pruebas únicamente desacredita las instituciones y prepara el terreno para reconocer resultados adversos a sus objetivos políticos. En otras palabras: si gano, fue legítimo, pero si pierdo, fue fraude.
Quizás no se trate de fraude, tal vez, simplemente, las encuestas ya no le sonríen. Y frente a estas nuevas complicaciones a puertas de las elecciones, siempre es más fácil acusar al sistema que revisar su propia compaña.