Las últimas dos semanas se han dado acalorados intercambios entre los aspirantes a jefe de Estado. Sin embargo, el último martes la candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello se llevó toda la atención ante sus declaraciones.
La exministra de Justicia denunció la desprotección sistemática de las menores víctimas de abuso y lanzó acusaciones frontales contra el Ejecutivo y la bancada de Renovación Popular.
Asimismo, calificó al gobierno como una estructura de impunidad y complicidad política:
“No es posible que una niña sea violentada sexualmente y que tenga que pasar por un proceso que la revictimiza. Ir a una comisaría y a esperar que el policía buenamente quiera atenderla, que le pregunte veinte veces qué cosa pasó y cómo pasó, que la tengas que llevar a que le hagan un examen médico y si ya cumplió los 19 años aunque sea una niña, tenga sola que entrar a pasar por eso”.
La candidata cuestionó la viabilidad del sistema actual al preguntarse si una menor que ya sufrió de un abuso, tendría fuerzas para continuar un proceso tan hostil.
Sin embargo, el momento más tenso del encuentro se produjo cuando Pérez Tello vinculó esta ineficiencia estatal con la postura moral de quienes hoy lideran el país y la bancada de Renovación Popular, dado que, estas afirmaciones las hizo mirando a López Aliaga.
“Ni siquiera el 1% de casos denunciados por violencia sexual llegan a destino, pero hay gente que avala pedofilos, pero hay gente que no le importa que el presidente crea que una niña pueda ser violentada sexualmente, no le va a pasar nada”.
Cifras avaladas por el diario El País. La investigación revela que de las 73’747 denuncias registradas por violación entre 2017 y septiembre de 2025, solo 280 obtuvieron sentencia. Es decir, apenas un 0,38% de los casos.
De igual manera, estas graves afirmaciones respecto al mandatario y el partido celeste no son hechos aislados. Mientras José Balcázar avala el matrimonio infantil, Renovación Popular eliminó la educación sexual integral de la curricula escolar, además de la indolencia por parte del Ejecutivo al haber nombrado a Angelo Alfaro como ministro de Energía y Minas pese a la denuncia en su contra por violar a una menor hace 26 años.
Posteriormente, aseguró que en un eventual gobierno suyo, la prioridad absoluta será la persecución del crimen organizado en su forma más perversa: la trata de personas. Para ello, enfatizó la necesidad de contar con policías y fiscalías especializados para proteger a la víctima “y no para obligarla como cierta pastora a dar a luz humillándola para conseguir votos”.
Declaraciones, que apuntan directamente a la pastora Milagros Jáuregui de Aguayo, fundadora del albergue ‘La Casa del Padre’, en donde habría presionado y humillado a niñas víctimas de violación para forzarlas a dar a luz, y las habría utilizado como propaganda política.
De igual manera, no solo sacudió el tablero electoral, sino que marcó una línea ética divisoria en una campaña que entra ahora en sus días más determinantes, distanciandose de los partidos conservadores y del actual gobierno.