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Pastor peruano Marco Núñez del Arco es acusado de abuso de menores en Bolivia

Marco Núñez, líder religioso con presencia en Santa Cruz, enfrenta denuncias por estupro y violencia. Mientras una joven hizo público su testimonio en medios, otras dos víctimas formalizaron la denuncia. La justicia boliviana acaba de dictar 180 días de detención preventiva en su contra.

La comunidad evangélica vuelve a situarse en el centro del debate público tras las denuncias de abuso sexual presentadas en Bolivia contra el pastor peruano Marco Núñez del Arco, líder religioso con presencia en Santa Cruz y dirigente de la iglesia ‘Dios con nosotros’.

El influyente pastor fue acusado por presunto abuso contra menores, lo que generó repercusión tanto en Bolivia como en Perú debido a su perfil público dentro del ámbito cristiano evangélico.

El caso tomó mayor visibilidad luego de que Vanessa Higazy decidiera hacer público su testimonio en medios de comunicación. La joven relató en una entrevista que habría existido manipulación religiosa en el vínculo que mantuvo con el líder espiritual.

Higazy afirmó que “la manipulaba con Dios”, que controlaba aspectos de su vida emocional y financiera bajo el argumento de ser su guía espiritual, y sostuvo que personas del entorno cercano del pastor estaban al tanto de la relación. Su intervención mediática permitió que el caso trascendiera públicamente.

Sin embargo, la denuncia formal ante la justicia no habría sido presentada por Higazy, sino por otra menor vinculada al movimiento juvenil ‘Fábrica de Héroes’, agrupación impulsada por Núñez.

La adolescente, de 15 años, denunció por estupro y violencia doméstica. De acuerdo con los reportes, la relación habría sido impuesta por el líder religioso, quien la contactaba mediante mensajes y la esperaba en las afueras de su colegio. La joven declaró que el vínculo estuvo marcado por celos, control y violencia, situación que la llevó a salir del país y trasladarse a Argentina para poner fin a la relación.

Asimismo, este lunes se dio a conocer una segunda denuncia realizada por su prima hermana. Esto lo confirmó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos quien afirmó que el Ministerio Público acaba de aperturar de oficio un segundo proceso penal contra el pastor. 

Tras la segunda denuncia, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares más severas. Inicialmente se pidió alerta migratoria para evitar su salida del país, según informó La Patria. Posteriormente, y tras la acumulación de elementos dentro de la investigación, Fiscalía solicitó 180 días de detención preventiva, medida que finalmente fue dictada por la justicia boliviana, de acuerdo con El Deber y Opinión.

Durante las primeras actuaciones judiciales, el pastor negó las acusaciones y pidió garantías ante el Ministerio Público, asegurando ser inocente. No obstante, tras la nueva denuncia y la valoración judicial, fue enviado con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

En medio del proceso, una de las denunciantes sufrió una descompensación emocional, hecho que motivó la intervención de la viceministra Jessica Echevarría, quien cuestionó públicamente que no debe existir impunidad independientemente del cargo o influencia del acusado.

Por su parte, la iglesia a la que pertenece Núñez anunció su separación temporal de funciones, tomando distancia administrativa mientras se esclarecen los hechos.

El caso también ha generado repercusiones adicionales debido a su reciente matrimonio con Desirée Durán, ex miss Bolivia y ex gobernadora de Santa Cruz. En los últimos días se difundieron audios en redes sociales donde se deja entrever que el pastor habría utilizado parte del dinero proveniente del diezmo para cubrir gastos relacionados con su boda. Este elemento ha sumado nuevos cuestionamientos sobre el manejo de recursos dentro de la congregación.

Así, las denuncias no solo han puesto bajo escrutinio la conducta personal del líder religioso, sino también el ejercicio de autoridad espiritual, la estructura de control dentro de su congregación y el uso de recursos eclesiásticos.

Mientras la investigación continúa, será la justicia boliviana la encargada de determinar responsabilidades. El caso, sin embargo, vuelve a colocar a un sector de la comunidad evangélica en el centro de una discusión pública que combina poder religioso, vulnerabilidad de menores y responsabilidad institucional.

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