En las últimas semanas, han vuelto a la luz denuncias que apuntan a la presunta inacción del Papa León XIV durante su gestión como obispo en la diócesis de Chiclayo.
Si bien el Santo Padre no es acusado de ser autor de los delitos, diversas voces cuestionan su papel frente a sacerdotes señalados por presuntos abusos sexuales y acoso, casos que, según las víctimas y organizaciones, no recibieron respuesta efectiva en su momento.
Medios de comunicación como LimaGris durante el 2024 han denunciado estos casos antes de la elección del actual Papa León XIV.
Entre los nombres que se repiten en estos expedientes figuran:
Miguel Medina Pacherre, encargado de la parroquia de Guadalupe en la ciudad de Piura. Medina tiene dos denuncias por acoso por dos mujeres identificadas bajo las siglas S.P.A.N. y B.C.A. Una de ellas es una madre de familia con la que trabajó durante seis años; a quien no solo le habría estado haciendo insinuaciones amorosas o tocamientos indebidos, sino que también habría ejercido presiones laborales, ya que se trata de una mamá soltera con problemas económicos.
Eleuterio Vásquez Gonzales, párroco en Santa María Magdalena en Eten, acusado por tres menores por tocamientos indebidos y abuso sexual. Quien pese a haber reconocido sus actos delictivos, la Fiscalía archivó el caso y le prohibió el ejercicio sacerdotal y fue enviado a la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, con la finalidad de alejarlo del escándalo. Sin embargo, el llamado hermano Lute fue visto oficiando una ceremonia en la iglesia San Ignacio, desafiando la prohibición de la Iglesia.
Ricardo Yesquen Paiba, párroco de Santa Catalina de Alejandría fue denunciado por tocamientos indebidos por parte de Ana María Quispe Díaz. Esta afirma haber sido abusada no solo por Yesquen, sino que también por parte de Vásquez desde los 9 años. La denuncia fue archivada durante la época en que el Papa León era la cabeza del pontificado de Chiclayo.
La joven se presentó en Chicago junto a la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), ha reiterado sus exigencias al Papa mediante una carta en la que solicita mayor rendición de cuentas en los casos de abuso clerical.
Muchas de estas denuncias fueron presentadas hace años, pero las víctimas aseguran que continúan sin resolución y que los implicados siguen ejerciendo funciones pastorales.
Diversas fuentes señalan que, pese a la gravedad de las acusaciones, durante su episcopado León XIV habría mantenido a algunos de estos sacerdotes en sus cargos o no habría promovido procesos canónicos para apartarlos, aun cuando existían testimonios y denuncias públicas. Esta presunta falta de acción es, para las víctimas, una forma de encubrimiento institucional que perpetúa el silencio y la impunidad.
La situación no se limita a un debate interno de la Iglesia peruana. El caso ha llamado la atención internacional, sobre todo tras la visita de una sobreviviente de abuso clerical a la ciudad natal del Papa para pedir reformas urgentes y mayor compromiso con la protección de menores y mujeres. Organizaciones internacionales han cuestionado que, incluso ahora, ya como Sumo Pontífice, León XIV no haya emitido medidas claras contra los señalados en Chiclayo.
Para los críticos, la pregunta central no es solo qué hizo o no hizo León XIV como obispo, sino qué hará ahora que tiene el máximo poder dentro de la Iglesia para responder a estos casos. En un contexto global donde las instituciones religiosas están bajo escrutinio por su manejo de abusos, la forma en que el Papa actúe podría marcar un precedente histórico.
La fe de millones de católicos se sostiene sobre la verdad, la justicia y la compasión hacia los más vulnerables. No basta con rezar por las víctimas; la credibilidad de la Iglesia se juega en su voluntad de actuar con transparencia, incluso cuando la verdad sea incómoda. El tiempo de la espera terminó.
Hoy, más que nunca, las víctimas merecen respuestas, y el mundo observa si el Papa León XIV será recordado por enfrentar la impunidad o por haberla permitido.
