La ONG israelí B’Tselem ha publicado recientemente un exhaustivo informe titulado “El Proyecto de Eliminación”, un documento en el que pone de manifiesto cómo el Estado de Israel estaría consolidando e implementando una estrategia orientada a erradicar la existencia colectiva de la población palestina en la Cisjordania Ocupada. Esta investigación se fundamenta en un extenso trabajo de campo y en la recopilación de datos que la organización ha llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas, incorporando cerca de 2.000 testimonios directos de víctimas y testigos. Asimismo, el análisis se complementa con un análisis de legislación, resoluciones gubernamentales, documentos oficiales y publicaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con el diagnóstico de B’Tselem, este proyecto no opera mediante acciones aisladas, sino a través de un mecanismo compuesto por cinco dimensiones que actúan de manera simultánea y se retroalimentan constantemente: la violencia e intimidación cotidianas, el establecimiento de severas restricciones a la libertad de movimiento, el estrangulamiento de la economía local, la desarticulación de la estructura social y política palestina, y un proceso sistemático de limpieza étnica acompañado por la anexión de territorio. En este entramado, la organización enfatiza que la violencia, tanto estatal como ejercida por colonos israelíes, opera como el método primario de coerción, acelerando y garantizando el cumplimiento de los objetivos centrales del plan.
El informe concluye que las violaciones documentadas no deben interpretarse como episodios coyunturales o excesos individuales, sino como piezas de un engranaje integral de eliminación. Dicha política se despliega bajo el marco estructural del régimen de apartheid israelí y responde a una lógica colonial de asentamiento, cuyo fin último es el despojo, el desplazamiento forzado y la consolidación de una soberanía judío-israelí exclusiva sobre el territorio. La consecuencia más grave de este proceso es la imposibilidad progresiva de sostener una existencia comunitaria palestina, en tanto la destrucción deliberada de sus instituciones, su tejido social, sus expresiones culturales y su memoria histórica cercenan las bases para proyectar un futuro compartido.
¿Qué es una lógica de eliminación?
Para comprender el trasfondo conceptual del estudio, resulta indispensable abordar el término “lógica de eliminación”, una categoría analítica acuñada por el historiador y teórico Patrick Wolfe. Este concepto describe la dinámica fundamental del colonialismo de asentamiento, cuya meta central es sustituir a la población originaria para establecer una nueva sociedad colonizadora. A diferencia del colonialismo de explotación tradicional, que busca subordinar la mano de obra local, el colonialismo de asentamiento busca la tierra y opera bajo el imperativo de reducir, desmantelar o suprimir la presencia indígena como colectivo arraigado a su espacio geográfico.
Esta eliminación puede concretarse mediante métodos drásticos y violentos como masacres, expulsiones masivas o el confinamiento en pequeños enclaves. Sin embargo, Wolfe plantea que también se manifiesta como un proceso continuo y burocrático que emplea herramientas normativas, urbanísticas, económicas y administrativas. De este modo, la denegación del derecho al retorno de los refugiados, el despojo territorial mediante figuras legales, la fragmentación de las comunidades, el control militar sobre la movilidad y el desmantelamiento de las instituciones políticas forman parte de una misma estrategia continúa orientada a privar a la población originaria de las condiciones elementales para sostener su vida comunitaria.
En esta línea, el documento ubica al proyecto sionista dentro de las dinámicas del colonialismo de asentamiento. No obstante, B’Tselem hace una precisión analítica fundamental y afirma que al caracterizar al proyecto sionista dentro de esta categoría no implica negar los lazos históricos, religiosos y culturales del pueblo judío con la región, ni desconoce la presencia ininterrumpida de comunidades judías en la zona o la dramática trayectoria de persecución y violencia que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que el análisis problematiza es que la concreción de una soberanía judío-israelí de carácter exclusivo sobre un territorio habitado históricamente por la población palestina derivó, en la práctica, en una estructura colonial de desposesión y marginación.
Esta trayectoria tiene antecedentes históricos definitorios. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, cientos de miles de palestinos fueron obligados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en refugiados en un territorio que antes habían conocido como hogar. En 1967, tras la ocupación militar de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, Israel expandió su dominio e impulsó un régimen de control militar sobre millones de personas, expropiando tierras, expandiendo asentamientos y bloqueando el desarrollo urbano palestino. Décadas después, los Acuerdos de Oslo no lograron revertir este proceso; aunque crearon la Autoridad Palestina y le transfirieron competencias administrativas limitadas en ciertos centros urbanos, preservaron en manos de Israel el control estratégico sobre la tierra, los recursos naturales, las fronteras y la seguridad, agudizando la colonización y la fragmentación del territorio.
¿Cómo es la situación actual en Cisjordania?
Actualmente, esta arquitectura institucional se ha traducido en un régimen de segregación donde los habitantes de un mismo espacio geográfico están sujetos a sistemas legales completamente asimétricos. Por un lado, los colonos israelíes radicados en Cisjordania se rigen por el derecho civil israelí, gozando de plenos derechos civiles y políticos, acceso a servicios públicos de alta calidad y la protección permanente de las fuerzas del Estado. Por otro lado, la población palestina vive bajo el imperio de la ley militar, sin capacidad de participar en las decisiones políticas ni de influir en las normas punitivas que regulan su vida cotidiana. Esta dualidad jurídica facilita la transferencia acelerada de tierras hacia el control estatal e israelí, al tiempo que consolida infraestructuras, puestos de avanzada y explotaciones agrícolas que fortalecen la presencia del Estado ocupante a costa del desplazamiento palestino.
La dimensión ideológica de esta estrategia quedó explícitamente evidenciada en 2017 con la publicación de “El Plan Decisivo”, un documento redactado por Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas de Israel.
En dicho documento, se estructuraban tres alternativas categóricas para la población palestina: someterse al régimen de supremacía judía renunciando a cualquier aspiración política y nacional, emigrar hacia otros países, o enfrentar una represión militar de máxima intensidad en caso de presentar resistencia. Si bien el plan no fue aprobado en su totalidad como una ley formal por el Parlamento, el informe de B’Tselem argumenta que sus premisas teóricas se han operacionalizado en los últimos años mediante decisiones presupuestarias, redistribución de competencias ejecutivas y prácticas concretas desplegadas por las fuerzas militares y gubernamentales en el terreno.
El número de palestinos muertos en Cisjordania ha aumentado drásticamente en los últimos años. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026, Israel mató a 1087 palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. De los fallecidos, 242 eran niños y 21 eran mujeres. Durante este periodo, Israel también intensificó el uso de ataques aéreos, incursiones a gran escala en zonas densamente pobladas y la destrucción de infraestructuras en campos de refugiados. La violencia letal forma parte de un entramado más amplio que incluye incursiones nocturnas, irrupciones en viviendas, registros, detenciones, amenazas, humillaciones, vigilancia e intrusiones en espacios privados.
Las detenciones masivas y el sistema penitenciario operan como otro eje del control social. Durante décadas, Israel ha encarcelado a cientos de miles de palestinos. Las prácticas de abuso y tortura no solo han servido como castigo, sino también como herramientas de disuasión generalizada, destinadas a dejar claro a los palestinos que cualquier participación en actividades políticas o cívicas, o resistencia al régimen de apartheid israelí, puede terminar en detención sin juicio, frecuentemente acompañada de violencia severa. Según el informe de B’Tselem, entre octubre de 2023 y junio de 2026, la violencia institucional, la negligencia médica y el deterioro de las condiciones de reclusión provocaron la muerte de al menos 32 prisioneros palestinos procedentes de Cisjordania dentro de centros de detención israelíes.
A este panorama se suma una infraestructura de contención de la movilidad extremadamente compleja compuesta por cientos de puestos de control fijos y móviles, carreteras de uso exclusivo para colonos, puertas de hierro que bloquean pueblos enteros, barreras físicas y un estricto régimen de permisos militares que fragmenta el territorio en pequeños enclaves aislados entre sí. En conjunto, estos elementos han creado un espacio palestino fragmentado y discontinuo, donde la movilidad de los palestinos depende de permisos y de las decisiones de soldados, miembros de otras fuerzas armadas, funcionarios y, en ocasiones, también de colonos. Según datos de B’Tselem, entre octubre de 2023 y junio de 2026, Israel estableció más de 200 nuevos puestos de control y bloqueó el acceso de decenas de comunidades palestinas a las carreteras principales y a las vías que conectan dichas comunidades entre sí.
En el ámbito económico, la dependencia impuesta desde 1967 y la división territorial derivada de los Acuerdos de Oslo en las zonas A, B y C han dejado bajo dominio israelí la casi totalidad de los recursos hídricos, las tierras fértiles y las vías de exportación e importación. Esta asfixia económica ha impulsado a miles de trabajadores a intentar cruzar la barrera de separación sin los permisos correspondientes para buscar sustento dentro de la Línea Verde, un tránsito de alto riesgo en el que al menos 26 trabajadores palestinos perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2026.
Este control ha sido intensificado con la persecución directa contra la sociedad civil, incluyendo el arresto de periodistas, académicos, estudiantes y defensores de derechos humanos, así como el allanamiento de sedes de organizaciones no gubernamentales y el monitoreo punitivo de las redes sociales. De este modo, el encarcelamiento no solo sirve para castigar a las personas, sino también para disuadir a la población y restringir las posibilidades de acción colectiva. En los siete meses transcurridos entre el 7 de octubre de 2023 y mediados de mayo de 2024, las fuerzas israelíes mataron a al menos 28 palestinos — entre ellos 11 menores de edad — durante manifestaciones o en sucesos relacionados con ellas.
Cabe señalar que estas violaciones a derechos humanos en Cisjordania se desarrollan en paralelo al genocidio que Israel está perpetrando contra los palestinos en la Franja de Gaza. En Gaza, la lógica de eliminación ha alcanzado su expresión más extrema; en Cisjordania, se manifiesta de otras formas, a través de los cinco ámbitos de actuación descritos en el informe.
El informe de B’Tselem asegura que ambos escenarios no son ajenos entre sí. La normalización de la matanza masiva y la destrucción colosal que Israel inflige en Gaza ha ampliado drásticamente los límites de la violencia considerada legítima y ejercida por el régimen israelí contra los palestinos. Desde octubre de 2023, prácticas antes poco frecuentes asociadas a la ofensiva contra Gaza se han vuelto habituales en Cisjordania, incluidos los ataques aéreos, la destrucción a gran escala de zonas residenciales e infraestructuras, el desplazamiento masivo y la flexibilización de las normas de apertura de fuego.
