La práctica del aborto no es un fantasma ni un acto invocado desde alguna sombra demoníaca. Es una realidad. Y, en el caso de las niñas, suele ser una decisión atravesada por el dolor, la violencia y la vulneración extrema. Discutir si debería despenalizarse o no muchas veces evade la verdad incómoda de miles de niñas embarazadas debido a una violación, donde la mayoría de los casos ocurren dentro de su propio entorno familiar.
Celebrar nuevas restricciones para que una menor violada acceda al aborto no es un acto de defensa de la vida. Es, en la práctica, forzar a una niña a continuar un embarazo, aun cuando este comprometa su salud física y mental. Criminalizar social y legalmente el aborto terapéutico en casos de violación invocando el nombre de Dios solo perpetra el daño a la víctima, la niña abusada.
Pero bueno, está bien. Criminalicen el aborto. Endurezcan las penas. Limiten las causales. Siéntanse, por un instante, moralmente satisfechos por obligar a niñas a ser madres en nombre de una “nueva vida”. Pero entonces, ¿garantizarán educación sexual integral para prevenir que estas violencias ocurran?
¿Verdad?
¿Verdad?
No, tampoco.
A ver si entiendo. Por un lado, se impide que niñas violadas puedan decidir interrumpir un embarazo producto de la violencia más brutal que puede sufrir una mujer. Por otro, se eliminan los instrumentos básicos que permitirían a niños y niñas identificar el abuso sexual, pedir ayuda y protegerse. El problema es que la criminalización de la educación sexual integral impulsada desde sectores religiosos con profundo sesgo ideológico solo termina perjudicando gravemente a las mujeres en un país donde la violencia de género no es una excepción, sino una constante.
Y como si no bastara con restringir el aborto terapéutico y atacar la educación sexual integral, también se defiende regocijadamente la eliminación de la palabra “género” del Estado peruano, como si la existencia y empleo de este término fuera inane, cuando en realidad responde a un problema público real. No se trata de un cambio semántico inocente – claro que no – en la práctica, borrar el enfoque de género implica debilitar y, eventualmente, desaparecer, la propia noción de violencia de género, recortando la capacidad del Estado para analizar, prevenir y sancionar la violencia que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
Al final, eliminar el concepto de género no elimina la violencia, solo las herramientas para reconocer los factores sociales, culturales y estructurales que facilitan el abuso, la coerción y la impunidad. Todo se recorta, derechos, palabras, diagnósticos y protecciones. Lo único que no se recorta es la violencia que dicen combatir.
Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿qué es lo que realmente quieren? ¿Cómo se pretende “defender a los niños” despojándolos de información? ¿Cómo se habla de “salvar vidas” mientras se obliga a niñas de diez años a parir? en abril del 2025, una niña de 13 años terminó en UCI tras un parto forzado; en agosto, otra niña de la misma edad murió tras dar a luz; en septiembre, una más perdió la vida por complicaciones del parto. Y la lista sigue, sumando nombres que el Estado prefiere olvidar. ¿Cuál es la vida que dicen salvar? solo se evidencia una violencia que comenzó con un violador y terminó con un Estado que prefirió verlas morir antes que dejarlas decidir.
Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿Qué quieren?
