Las recientes declaraciones de Benjamín Netanyahu, en las que sostuvo que “no hay lugar para la violencia, ni contra líderes políticos ni contra nadie”, llegan a ser surrealistas y e incluso, para algunos, provocadoras. Su reacción, frente al supuesto intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra la el cinismo que pueden ostentar algunos líderes mundiales. En el escenario actual, marcado por conflictos armados de alta intensidad y con un historial de cientos de miles de civiles muertos, estas palabras no pasan desapercibidas y generan una sensación inevitable de exasperación.
🇮🇱🇺🇸 | Benjamín Netanyahu: "Mi esposa y yo quedamos conmocionados al enterarnos del intento repetido de asesinar a Trump y a su esposa.
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026
No hay lugar para la violencia, ni contra líderes políticos ni contra nadie." pic.twitter.com/h2GjOxZdyK
Israel se encuentra en el centro de una ofensiva militar que ha tenido consecuencias devastadoras en la Franja de Gaza, donde aproximadamente más de 70 mil palestinos – entre ellos, mujeres y niños – han perdido la vida y donde la destrucción de infraestructura esencial ha agravado una crisis humanitaria ya existente. Una crisis que ha derivado a que al menos 100 mil niños entre seis meses y cinco años sufran hambruna aguda solamente durante el 2025 y 2026. A ello se suma la expansión de las operaciones hacia el sur del Líbano, lo que ha incrementado el número de víctimas y desplazados, extendiendo aún más el impacto del conflicto en la región.
En este marco, la condena a la violencia por parte de Israel es inconcebible para los ojos críticos. No se trata de cuestionar la necesidad de rechazar actos violentos en el ámbito político o en cualquier otra esfera, sino de analizar la coherencia entre el discurso y la práctica.
Es por esta razón que su afirmación de que no hay lugar para la violencia genera rechazo e indignación por la comunidad internacional. Mientras se condenan seleccionados actos con rapidez y claridad, otros se enmarcan dentro de narrativas de seguridad, defensa, necesidad estratégica o incluso, promesa bíblica. Esta diferencia en el tratamiento plantea interrogantes sobre los criterios que determinan qué tipo de violencia es considerada inaceptable y cuál debe ser tolerada o justificada.
Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo los discursos y narrativas construidas desde el aparato público influyen en la forma de entender, justificar y legitimar la violencia, configurando un marco en el que la coherencia ética queda subordinada a las conveniencias del poder. En este marco, no solo se definen que actos son percibidos como inaceptables, sino también quienes tienen el derecho a ser considerados víctimas.
La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental para sostener cualquier principio ético, especialmente en contextos donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida de miles de personas.