A pocos días de una elección donde los valores religiosos y la seguridad ciudadana dominan la agenda, la figura de Alejandro Muñante vuelve al centro de la polémica por lo que muchos consideran una disonancia ética insalvable.
El parlamentario de Renovación Popular, quien ha construido su carrera política bajo la bandera de la «defensa de la vida desde la concepción» —llegando incluso a posturas extremas sobre el embarazo infantil—, parece encontrar un límite a ese principio cuando se trata de la justicia penal.
En declaraciones para RPP, el parlamentario calificó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una “camisa de fuerza” que impide un debate real sobre la pena de muerte en el Perú, dejando claro que su convicción «provida» no se extiende a todos los ámbitos del derecho.
La contradicción se agudiza al analizar su postura sobre los delitos de violación de menores. Si bien Muñante afirma que la creación de comisiones para este tema hoy sería un «gasto de recursos» debido a las limitaciones del Pacto de San José, no se cierra a la aplicación de la pena capital como mecanismo disuasorio una vez que se superen los impedimentos constitucionales.
Esta apertura a la eliminación de la vida por parte del Estado genera disonancia con su discurso religioso y conservador: ¿se puede ser un defensor absoluto de la vida en el vientre y a la par promover la salida de tratados internacionales para facilitar la ejecución de personas?
Por su parte, la bancada de Rafael López Aliaga se ha manifestado abiertamente de su intención de salir de la CIDH con el fin de aplicar la pena de muerte.
Es así, que la intención de salir del Pacto de San José sería el primer paso para el desmantelamiento de las garantías fundamentales. Al denunciar el tratado, el Estado peruano no solo recupera la potestad de ejecutar a criminales, sino que anula la última instancia de justicia para el ciudadano común.
En un país con un sistema judicial históricamente cuestionado por corrupción y falta de predictibilidad, la salida de la jurisdicción de la Corte IDH deja al peruano a merced de jueces y fiscales locales sin una supervisión internacional que corrija sentencias arbitrarias.
Es así, que esta propuesta populista planteada no solo por la bancada celeste, no hace más que vender una falsa sensación de justicia a cambio de desmantelar las garantías fundamentales de todos los peruanos. Ya que se pretende eliminar el último contrapeso internacional que protege al ciudadano frente a los abusos del poder estatal.
Sin embargo, esta iniciativa se encuentra supeditada al respaldo que se obtenga en las urnas. Estará en la ciudadanía la decisión si el país apuesta por un punitivismo que coquetea con el autoritarismo o si prefiere mantener la red de protección internacional.
