El 19 de enero, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, denunció públicamente vía su cuenta personal de X que los Jurados Electorales Especiales (JEE) estarían “persiguiendo a los candidatos cristianos por su fe”, luego que se les impidiera invocar a Dios o cualquier elemento religioso durante los debates públicos en el marco del proceso electoral 2026. Según el parlamentario y postulante al Senado, este reglamento respondería a una supuesta estrategia de una “élite progresista” enquistada en las instituciones del Estado, que buscarían frenar la participación de la comunidad cristiana en la política y permitir la “imposición” de lo que denomina “ideología de género y socialismo”. De igual forma, el congresista afirma que esta “élite” ha percibido a los cristianos como una amenaza y, por lo tanto, no están dispuestos a “tolerar” que se siga frenando sus agendas políticas.
🚨#DenunciaPública | En plena campaña electoral, algunos Jurados Electorales Especiales han iniciado una preocupante persecución ideológica contra candidatos que invocan a Dios en su mensaje. Esto no solo es un exceso: es una afectación directa a la fe y una amenaza a los… pic.twitter.com/AeMmIe1TEH
— Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) January 19, 2026
Muñante sostiene también que dicha “persecución” se habría materializado a través de la Resolución N° 0112-2025-JNE, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual – según su interpretación – reactiva una norma “dormida” desde 1997 con el objetivo de censurar la fe de los peruanos.
Sin embargo, esta lectura es errónea e imprecisa ya que está resolución no introduce ningún elemento que busque la persecución religiosa a un sector en específico. Lo único que hace es recordar que el proceso electoral peruano debe regirse bajo el principio de neutralidad religiosa. Es decir, evitar emplear elementos religiosos o apelar a una autoridad divina en discursos políticos, con la finalidad de evitar que la fe sea utilizada como una herramienta de campaña. Esta restricción no es una medida dirigida a un sector político o ideológico en específico. Si un candidato de algún partido de izquierda pretender emplear la imagen de Dios para legitimar su plan de gobierno, también recibiría una sanción. No se prohíbe rezar, ni practicar la religión cristiana; se limita simplemente su uso como instrumento proselitista.
Paradójicamente, el mismo discurso que pretende defender la libertad religiosa omite mencionar que el Perú es un Estado laico, y que esta característica no busca erradicar la fe del espacio público ni perseguir a las comunidades creyentes, sino impedir que una creencia religiosa específica se convierta en criterio de exclusión política o, en otras palabras, evitar legislar bajo la palabra de un determinado dios. Impedir invocaciones religiosas en un debate electoral no es censura, es una manera de garantizar que todos los candidatos, sean creyentes o no, participen en igualdad de condiciones.
Calificar estas reglas como “persecución” supone una redefinición bastante conveniente del concepto de libertad religiosa. En esta lógica, la libertad ya no consiste en poder creer y ejercer la fe, sino en poder convertir aquella fe propia en argumento político obligatorio. En este escenario, lo que se busca es imponer una creencia por encima de otras.
En una campaña electoral, los argumentos deben ser estrictamente políticos. Los candidatos deben ser capaces de presentar sus propuestas ciudadanas sin recurrir a figuras divinas para legitimarlas, permitiendo así que los votantes participen en el debate público sin la coacción moral de comprometer sus creencias religiosas. Después de todo, las elecciones son un proceso civil y político, no un asunto de religión.
La denuncia pública del congresista Muñante deja al descubierto una estrategia recurrente de Renovación Popular: presentar la aplicación de normas generales como un ataque sistemático hacia los cristianos, mientras se ignora que dicho marco legal rige a todos los ciudadanos por igual. Bajo esta narrativa, el respeto a la neutralidad electoral se transforma, retóricamente, en un acto de censura, y la ausencia de invocaciones divinas en el debate político pasa a ser leída como una amenaza a la fe.
En última instancia, el episodio no revela una persecución religiosa, sino una tensión no resuelta entre fe personal y ambición política. En una sociedad democrática, los votos se disputan con propuestas y argumentos políticos. Que algunos consideren esto una forma de censura dice más sobre su concepción de hacer política que sobre el estado real de la libertad religiosa en el país.