Durante el proceso de formación cristiana o «Doctrina» uno de los materiales ampliamente repartido en las comunidades cristianas es el libro “Instrucciones Bíblicas para los Recién Convertidos”, escrito por el Rev. Luis M. Ortiz.
En la lección dieciocho, el texto es explícito y no deja lugar a interpretaciones ambiguas o connotativas. Reconoce que, sí bien cada iglesia local goza de autonomía administrativa, sus practicas deben realizarse en armonía y conformidad con los principios que rigen la doctrina religiosa. Según el propio documento, se debe repudiar toda politiquería en las Iglesias y en las convenciones, ya sea a favor o en contra de candidatos.
“A la vez que toda iglesia local disfruta de cierto grado de autonomía en el manejo de sus asuntos, reconocerá siempre que, como parte integrante de la iglesia de Jesucristo, decidirá sus asuntos en armonía y conformidad con los postulados bíblicos del Nuevo Testamento, que repudia toda politiquería en las iglesias y en las convenciones, en favor o en contra de candidatos a cargos locales, nacionales o de pastor”
Si esa exigencia aplica incluso para cargos eclesiales —como la elección de un pastor—, ¿con cuánta mayor razón debería censurarse la politiquería cuando se trata de cargos electorales, como diputados, senadores o presidentes, donde la fe termina usada como herramienta de campaña y división?
La advertencia es clara: La fe jamás debe convertirse en una plataforma electoral ni en herramienta de proselitismo político. Sin embargo, la realidad peruana muestra una distancia cada vez más evidente entre lo que se enseña en el templo y lo que se practica en numerosos espacios religiosos.
En los últimos años, diversas iglesias y líderes religiosos han participado activamente en la política peruana, no desde el debate ciudadano legítimo, sino mediante la “orientación” del voto, promoviendo candidaturas específicas y presentando opciones políticas como “verdaderos cristianos” y “voluntad de Dios”. Desde púlpitos, medios televisivos religiosos y eventos masivos, pastores y miembros de la comunidad cristiana han recurrido a discursos que apelan al miedo, a la existencia de “la guerra espiritual”, la culpa religiosa o a la idea de obediencia espiritual para influir directamente en decisiones electoral.
En el Perú, el Movimiento Misionero Mundial se ha convertido en uno de los principales actores religiosos que han difuminado deliberadamente la frontera entre la fe y la política partidaria. En septiembre de 2025, durante la Convención Nacional de Jóvenes 2025, el reverendo Luis Meza Bocanegra, Supervisor Nacional del MMM, felicitó públicamente al congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, por lo que calificó como una “batalla contra las tinieblas” en el ejercicio de su labor política. Este respaldo simbólico, emitido desde un espacio religioso y frente a una audiencia de fieles, no solo legitima una opción partidaria específica, sino que otorga un marco espiritual a una actividad estrictamente política. Del mismo modo, a inicios del presente año, el propio reverendo expresó su apoyo a la candidatura de Paola Martínez a la Cámara de Diputados por el mismo partido, reforzando una alineación política explícita desde el liderazgo religioso.
En esa misma línea, Bethel TV Noticias también ha desempeñado un rol activo en la normalización del respaldo político a Renovación Popular desde el discurso mediático religioso. En el programa Hora Punta, su conductor Juan Diego Berna afirmó que los “verdaderos creyentes” solo pueden votar por opciones políticas de derecha, sosteniendo que cualquier adhesión a posturas progresistas o de izquierda constituye una traición a la fe cristiana. Incluso llegó a afirmar que el propio texto bíblico obligaría al creyente a adoptar una postura política determinada. En otras emisiones, sostuvo que un cristiano no puede apoyar el feminismo utilizando argumentos denigrantes y desconociendo las distintas corrientes de feminismo.
Incluso, diversas organizaciones evangélicas y católicas promovieron el evento de Una Voz Diferente, la “Cumbre Nacional de Jóvenes Cristianos Políticos”, que bajo el lema “Ciudadano y Creyente” buscó incentivar la participación de fieles cristianos en la política nacional. No obstante, aunque se presentó como un espacio de formación cívica, las intervenciones de congresistas de Renovación Popular evidenciaron un tono más doctrinario que democrático, reforzado además por el carácter simbólico de los espacios elegidos —un templo religioso y la Municipalidad Metropolitana de Lima—, lo que volvió a poner en cuestión los límites entre la fe personal y la agenda partidaria en un Estado laico.
Esta práctica entra en conflicto directo con la propia doctrina que estas iglesias dicen defender. Si el Nuevo Testamento “repudia toda politiquería en las iglesias”, entonces ¿por qué hoy se normaliza que líderes religiosos indiquen por quien votar, a quien rechazar o que proyecto político representa el “bien” y cual el “mal”? ¿por qué un canal cristiano puede establecer qué sistema político y económico coincide con los valores cristianos y cuáles no?
La contradicción es profunda. Mientras que, por un lado, a los nuevos creyentes se les enseña que la iglesia debe mantenerse al margen de los asuntos políticos y evitar alinearse con intereses partidarios; mientras que, por otro lado, esos mismos cayentes observan – y posteriormente normalizan – cómo sus líderes y ejemplos a seguir utilizan la autoridad espiritual para intervenir en la política, muchas veces sin debate interno ni rendición de responsabilidad. De esta forma, poco a poco la religión deja de ser un espacio privado de reflexión ética y se convierte en una plataforma de movilización política, donde discernir, cuestionar o criticar no constituye una diferencia de opinión, sino un acto presentado como desobediencia espiritual. En otras palabras, un acto en contra de la voluntad de Dios.
Criticar la instrumentalización de la fe no equivale a atacar la fe de las comunidades cristianas ni negar el derecho de los cristianos de participar en política como ciudadanos. El problema surge cuando una institución religiosa ampara, desde su autoridad eclesiástica y moral, interviene – ya sea directa o indirecta – en los procesos electorales, vulnerando de esta forma el principio democrático de libertad de conciencia como sus propias normas internas.
La doctrina citada en el libro del Rev. Luis M. Ortiz es clara respecto al rol de la Iglesia. Ignorar o torcer este principio no solo contradice el texto bíblico que dice respetar, sino que abre puerta a la manipulación de la fe a fin de conseguir intereses y objetivos personales, ajenos a la espiritualidad.
La normalización de la instrumentalización de la fe en la política y en las comunidades cristianas peruanas nos plantea la siguiente interrogante ¿acaso se están formando creyentes o corderos votantes?
Si las iglesias y religiosos exigen con total ferocidad la coherencia moral en la sociedad, deberían empezar por respetar sus propios principios. De lo contrario, el mensaje que transmiten a la comunidad religiosa y en especial a los nuevos creyentes es preocupante: la doctrina es importante solo mientras no interfiera con los intereses personales del pastor del momento.