Tras la derrota de Sánchez en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, Lastra comunicó el 25 de junio que se apartaría de la actividad política para dedicarse a «la Palabra de Dios». El anuncio, sin embargo, duró poco.
Apenas dos semanas después, el 9 de julio, Lastra volvió al terreno político para exigir la libertad de Castillo. Su reaparición coincidió con la difusión del dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que concluyó que la privación de libertad del expresidente fue arbitraria y pidió su liberación inmediata e indemnización. Lastra invocó ese informe como respaldo de su pedido.
El punto más delicado es el soporte de esa demanda: el pastor difundió un documento que exhibe el membrete y el logotipo de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú (IEPP), solicitando la excarcelación de Castillo. No es la primera vez que su activismo se ampara en esa institución: en 2025, la propia propuesta de capellanía estatal fue presentada formalmente a nombre de la IEPP, con Lastra como vocero visible.
La IEPP no es una congregación menor. Fundada en 1959 e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, agrupa a más de dos mil iglesias en todo el país. De ahí que el uso de su membrete en un pedido de carga política plantee preguntas que no son menores.
¿Se alejó realmente de la política Anthony Lastra, o el retiro anunciado el 25 de junio fue solo una pausa de dos semanas? Y sobre todo: ¿la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú respalda institucionalmente esta gestión, o se trata de una iniciativa personal que utiliza el nombre y el logotipo de una iglesia con presencia nacional?