El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde en la lista de Renovación Popular para las próximas elecciones municipales y regionales.
El principal argumento del rechazo se basa en su condición de senador electo para el periodo 2026–2031, resultado de las elecciones presidenciales del 12 de abril. Según el organismo electoral, esta situación resulta incompatible con la postulación a otro cargo público, independientemente de que el propio López Aliaga haya manifestado su decisión de no asumir el escaño legislativo.
Frente a ello, Renovación Popular cuenta con un plazo de tres días para presentar un recurso de apelación ante el JNE.
Una respuesta predecible
La reacción del líder de Renovación Popular no se hizo esperar. En línea con sus discursos recientes, calificó la decisión como una “venganza política” por revelar la “verdad” de la primera vuelta, una clara referencia al supuesto fraude afirmado por Renovación Popular que habría impedido que su candidato presidencial llegue a la segunda vuelta electoral.
Venganza política contra @rlopezaliaga1
— Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) July 1, 2026
Jurados electorales de la corrupción. pic.twitter.com/R5J5R4i0Z0
Otros miembros del partido también han expresado su indignación. Entre ellos, el congresista Alejandro Muñante ha declarado, en la misma línea que López Aliaga, que este escenario constituye una “revancha” más que un “razonamiento jurídico”
Declarar improcedente una candidatura a regidor municipal por haber sido elegido senador (a pesar de negarse expresamente a recibir las credenciales y no haber llenado las DD.JJ.), pero a la misma vez admitir otras candidaturas de diputados electos que sí están cumpliendo los…
— Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) July 1, 2026
Continúa la narrativa de la incoherencia
La negativa de López Aliaga a asumir su curul en el Senado ha sido presentada como un acto de coherencia política. “He decidido no asumir el rol de senador (…) sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción”, declaró.
Este argumento ha sido replicado por su entorno, que sostiene que jurar el cargo implicaría legitimar un proceso electoral que consideran viciado. En esa línea, el propio López Aliaga afirmó que “la coherencia vale más que un cargo”.
Sin embargo, esta postura ha sido sumamente criticada por la ciudadanía debido a que se contradice al volver a participar de un sistema electoral que, de por sí, ya considera ilegítimo. La decisión de mantenerse en la contienda municipal debilita el argumento de fondo y expone una tensión entre discurso y acción.
Esta contradicción también guarda relación con el historial político de López Aliaga. En el 2023, fue elegido como alcalde de Lima hasta el 2026, no obstante, decidió renunciar antes de culminar su gestión para postular a la presidencia, a pesar de haber asegurado en reiteradas ocasiones que no lo haría.
Posteriormente, en las elecciones generales del presente año, pese a no lograr avanzar a la segunda vuelta, sí consiguió un curul en el Senado, cargo que ahora no desea ejercer.
Este conjunto de decisiones proyecta una trayectoria política marcada por cambios estratégicos en función del contexto, donde las posiciones asumidas parecen responder más a oportunidades coyunturales que a una línea política sostenida.
Más allá del desenlace legal, el caso vuelve a poner en evidencia una pregunta de fondo: hasta qué punto el cuestionamiento permanente a las instituciones puede convivir con la participación activa dentro del mismo sistema que se busca deslegitimar.