Lima, potencia mundial… pero en homenajes: López Aliaga y el uso político de la muerte de Charlie Kirk

La Municipalidad de Lima anunció un homenaje a Charlie Kirk en el Circuito Mágico del Agua, una decisión que ha generado indignación inmediata en redes sociales y un debate sobre legítimo uso de espacios y fondos públicos para actos de carácter ideológico y para conmemorar figuras extranjeras. Muchos ciudadanos han preguntado si esa plaza emblemática debería reservarse para actividades culturales y de interés público, especialmente cuando persisten problemas sociales sin resolver a nivel local y nacional.

Más allá de la polémica simbología de “mártir”, la elección revela la prioridad política de la administración de Rafael López Aliaga: el destinar recursos municipales a homenajes controvertidos en lugar de focalizarlos en problemas locales urgentes como la salud pública, la lucha contra el crimen organizado y los delitos patrimoniales, la inversión en programas de prevención de violencia contra la mujer o atención hacia las poblaciones vulnerables que exigen inversión y planificación.

Usar un recinto municipal para una celebración que polariza la opinión pública equivale a normalizar el uso de recursos públicos para financiar causas que se amolden con la ideología del alcalde, en vez de atender las necesidades de la población.

Esta decisión resulta especialmente controvertida si se toma en consideración el clima político peruano actual. La semana pasada, Perú ha sido escenario de protestas por la reforma de pensiones, con denuncias de violencia policial contra los manifestantes. Mientras tanto, en la Amazonía y comunidades indígenas, decenas de defensores ambientales han sido asesinados por oponerse a la tala y minería ilegal.  Estudios y reportes documentan que desde el 2012, al menos 54 defensores han sido asesinados en Perú por proteger sus territorios. Además, registros recientes muestran cientos de agresiones, criminalización y amenazas contra personas defensoras, un fenómeno que exige protección estatal efectiva y políticas públicas de prevención.

Ante esta realidad, surge la pregunta: si un municipio puede disponer de recursos para actos públicos, ¿no debería priorizar el reconocimiento a estos “mártires” nacionales o solo esta categoría se reserva para aquellos que comparten las mismas ideas del alcalde? Homenajear a un activista extranjero de posturas controvertidas, mientras los defensores peruanos luchan por su vida sin garantías de seguridad, envía el mensaje que, para la Municipalidad, la agenda ideológica es más importante que la realidad nacional.

La discusión no es solo sobre sensibilidad política, sino sobre prioridades administrativas. La Municipalidad puede perfectamente autorizar eventos privados o con financiamiento particular; el problema ocurre cuando se emplean espacios o recursos públicos para promover causas que no cuentan con consenso general y que desvían atención de problemas estructurales. Es hora de que las autoridades municipales expliquen el financiamiento, rindan cuentas y, sobre todo, evalúen cómo sus decisiones afectan la cohesión social y la protección de sus propios ciudadanos.