En lugar de formular propuestas destinadas a fortalecer a la ciudadanía, con políticas públicas concretas en educación, salud o protección social, algunos candidatos parecen optar por promover políticas que dividan todavía más a la población peruana. La propuesta de la pastora Milagros Aguayo de eliminar el mes de orgullo LGBTQ+ para declarar junio como el “mes de la familia” es un claro ejemplo de ello.
Lejos de diseñar una agenda política que atienda las necesidades reales que las familias peruanas enfrentan, la propuesta se concentra en sustituir un espacio de reconocimiento ya existente. La frase que acompaña esta iniciativa “Les estamos quitando el mes de junio” no es menor y se inserta en discurso que presenta los avances en reconocimiento de derechos como parte de una supuesta “agenda global” que pretende erradicar los valores cristianos tradicionales, reforzando una narrativa de confrontación más que de convivencia.
¿Promover la familia implica excluir?
La defensa de la familia, especialmente en su concepción tradicional, es un valor legítimo para amplios sectores de la sociedad peruana, en particular dentro de las comunidades cristianas. Sin embargo, ¿es necesario desplazar a otros para afirmar este valor?
Si el objetivo, como dice afirmar la pastora Aguayo, es fortalecer la familia y proteger a los niños, pues existen múltiples vías posibles para alcanzarlo. Por ejemplo, la implementación de políticas públicas, programas sociales, educación, talleres o acompañamiento comunitario. Incluso, podría impulsarse, como desea la bancada de Renovación Popular, un mes entero dedicado a la familia sin necesidad de eliminar un espacio previamente reconocido para otra población. Si el interés de la pastora fuese genuinamente fortalecer a la familia, no habría impedimento en asignar cualquier otro mes o impulsar iniciativas paralelas ¿verdad?
Sin embargo, la decisión de sustituir y eliminar el reconocimiento de una comunidad específica transforma esta propuesta en un acto de exclusión y no de promoción.
El mes del orgullo LGBTQ+ no impone creencias ni obliga a nadie a modificar sus convicciones personales o religiosas. Su existencia y promoción responde a que existen ciudadanos peruanos que forman parte de nuestra nación y que, históricamente, han enfrentado y siguen enfrentando discriminación a razón de su orientación sexual. Desconocer este espacio, y con ello la existencia de personas LGBTQ+ no fortalece la familia, pero sí invisibiliza a otros.
Por esta razón, la frase “les estamos quitando el mes” revela más de lo que intenta ocultar. No se trata solo de calendario, ni de proteger a la familia, sino de qué lugar ocupa cada ciudadano dentro del reconocimiento público.
En este contexto, la propuesta deja de parecer una defensa de principios y comienza a leerse como una estrategia política. En un país donde el electorado cristiano tiene un peso significativo, este tipo de iniciativas apelan a sensibilidades específicas, generando adhesión a partir de la confrontación simbólica.
Este posicionamiento no es nuevo. En febrero de 2025, durante una intervención en el Parlamento, la pastora Aguayo ya había expresado una postura abiertamente crítica hacia las relaciones entre personas del mismo sexo.
En aquella ocasión, afirmó:
“Cuando dos personas del mismo sexo se unen, lo que está dentro de esta relación, más que el supuesto amor, es una relación de lujuria y lascivia que nunca está satisfecha (…) Muchas veces, cuando ya están con unos tragos de más y en una noche de placer, involucran a los niños en sus relaciones”.
En una sociedad democrática, no es necesario recortar presupuesto ni distribuir los derechos y espacios como si recursos escasos. Es decir, no se trata de restar para dar, sino de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos.