A aproximadamente dos semanas de la segunda contienda electoral, una declaración de uno de los personajes más relevantes de Fuerza Popular ha pasado de ser un simple comentario político a convertirse en un serio cuestionamiento sobre la estabilidad institucional del país. El candidato a la segunda vicepresidencia por el partido naranja, Miguel Torres, reconoció públicamente que la vacancia y salida del expresidente Pedro Castillo no fue meramente la consecuencia de su intento de golpe de Estado, sino el resultado de una acción coordinada entre diversos actores del poder.
“Sacar al señor Castillo no fue sencillo. ‘Se sacó solo’ no fue así. Los periodistas lo hicieron. El Congreso también lo hizo. El Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos”, declaró y añadiendo con ironía afirmó también lo siguiente: “Y por supuesto, no hay que quitarle el mérito, él también puso su granito de arena”.
Esta frase, más allá de su aparente franqueza, abre profundos debates sobre los límites del control democrático y el ejercicio del poder público. Si bien la destitución de Castillo se sustentó formalmente en su quiebre del orden constitucional el 7 de diciembre, las palabras de Torres sugieren que el desenlace fue, en realidad, el clímax de una prolongada articulación política, judicial y mediática.
La afirmación resulta preocupante porque expone la extrema vulnerabilidad del Poder Ejecutivo frente a un Legislativo hipertrofiado. En un sistema democrático saludable, el equilibrio de poderes no debería implicar la concertación de múltiples actores para deponer a un mandatario, sino el control y la fiscalización estrictamente dentro de los marcos constitucionales.
Hablar de una “suma de esfuerzos” entre el Congreso, los medios de comunicación y organismos autónomos como el Ministerio Público simplemente desdibuja las fronteras institucionales. Además, refuerza la percepción ciudadana de que existen redes de poder dentro del aparato público que operan al margen de los canales estrictamente formales.
Esta influencia y pode se vuelve aún más evidente cuando el propio Torres reivindica el rol de su partido en el debilitamiento del gobierno anterior: “Fuerza Popular generó que los ministros del Interior se fueran, se largaran”, afirmó.
¿Un autogol?
Este episodio nos demuestra que, en un intento por colgarse una medalla política y demostrar eficacia, Fuerza Popular ha terminado cometiendo un fuerte error estratégico. De manera involuntaria, las declaraciones de Torres validan la narrativa que el propio fujimorismo intentó desacreditar durante años: la idea de que a Pedro Castillo no se le permitió gobernar en condiciones de mínima estabilidad.
Aquello que Fuerza Popular sistemáticamente tildó de «discurso victimista de la izquierda” hoy encuentra su mayor confirmación en la voz de uno de sus principales voceros.
Al final del día, las palabras de Miguel Torres exponen el verdadero alcance del poder formal y fáctico que maneja Fuerza Popular dentro del escenario político peruano. En el afán de legitimarse ante su electorado como los verdaderos artífices de la caída de Castillo y del “impedimento de la izquierda” en el país, terminaron desnudando el verdadero rostro del actuar político del partido naranja.