El régimen de Daniel Ortega cobra una nueva víctima. Esta vez, se trata del activista cristiano Mauricio Alonso Prieto, reconocido por su defensa de la libertad religiosa y su oposición al régimen.
Prieto fue detenido el 18 de julio de 2025 durante un operativo policial en el que también arrestaron a su hijo y al pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, líder de la Iglesia La Roca. Tras más de un mes de desaparición forzada e incomunicación, el 25 de agosto las autoridades entregaron su cuerpo sin vida a su familia, sin dar explicación oficial sobre su muerte.
Prieto, de 64 años y originario de Jinotepe (Carazo), militó en el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y en el Frente Amplio por la Democracia (FAD), plataformas políticas que denunciaban los abusos del régimen. Su activismo lo convirtió en una voz incómoda para el gobierno sandinista, que en los últimos años ha intensificado su ofensiva contra líderes religiosos y organizaciones independientes.
La persecución religiosa en Nicaragua comenzó golpeando principalmente a la Iglesia católica, pero en los últimos años se ha extendido a comunidades evangélicas y otras congregaciones independientes.
Esta actitud defensiva por parte del gobierno contra los sectores religiosos se da desde el 2018, luego de que tanto líderes católicos como pastores evangélicos denunciaran represión y ofrecieran refugio a manifestantes perseguidos.
Las protestas se dieron con motivo de las reformas al sistema de seguridad social, las cuales buscaban el aumento de aportes de trabajadores y empleadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), además de la reducción de pensiones para los jubilados.
El Observatorio de Libertad Religiosa, afirma que desde 2018 se han registrado más de 70 ataques confirmados contra líderes evangélicos y templos, mientras que datos independientes revelan el cierre de al menos 256 organizaciones protestantes. Asimismo, entre 2019 y 2023, se reportaron más de 100 arrestos de personas vinculadas a comunidades religiosas, en muchos casos sin orden judicial ni debido proceso.
El asesinato de Mauricio Alonso Prieto se convierte así en un símbolo de la represión religiosa que asfixia al país. No se trata de un hecho aislado, sino de la confirmación de una estrategia que criminaliza la fe y persigue a quienes la practican fuera del control estatal. En Nicaragua, creer y resistir se ha vuelto una sentencia: los templos son clausurados, los pastores encarcelados y las voces críticas silenciadas.
El legado de Prieto, marcado por su fe y su defensa de la libertad, exige justicia y visibiliza la violencia que hoy enfrenta la iglesia evangélica y toda expresión de disidencia en Nicaragua.
