El 10 de octubre de 2025, el Congreso del Perú vacó por “incapacidad moral permanente” a Dina Boluarte, marcando el séptimo cambio de mando en menos de una década. En su lugar asumió José Jerí Oré, hasta entonces presidente del Congreso, quien juró como jefe de Estado prometiendo encabezar un “gobierno de transición y reconciliación nacional” hasta las elecciones de 2026.
Su llegada, sin embargo, no trajo la calma esperada. Aunque se presentó como un político técnico y moderado, Jerí hereda un país fracturado, una ciudadanía hastiada de la clase política y una agenda urgente dominada por la inseguridad, la economía estancada y la desconfianza institucional.
Propuestas y primeras acciones
Desde su juramentación, Jerí delineó tres prioridades principales:
1. Lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Prometió declarar “la guerra a las organizaciones criminales” y colocar la seguridad ciudadana como eje central de su corto mandato.
2. Gobierno de consenso y amplia base.
Anunció un gabinete “de reconciliación nacional”, sin congresistas ni ministros anteriores, con técnicos de diversas regiones.
3. Reactivación económica y coordinación regional.
En su primera semana, se reunió con gobernadores regionales para coordinar acciones conjuntas frente a la inseguridad y dinamizar la economía local.
Hasta el momento, Jerí ha cumplido parcialmente algunos de estos compromisos: formó un nuevo gabinete ministerial, sostuvo diálogos con autoridades regionales y ordenó reforzar la presencia policial en zonas críticas de Lima y el norte del país. No obstante, analistas advierten que estos gestos no bastan para revertir la crisis estructural ni la desconfianza ciudadana.
Controversias y denuncias en su contra
El inicio de su gestión se ha visto empañado por acusaciones judiciales previas. En enero de 2025, Jerí fue denunciado por presunta violación en una fiesta de Año Nuevo en Canta. Aunque la causa fue archivada por falta de pruebas concluyentes, un juzgado le impuso medidas de protección a la denunciante y dispuso un tratamiento psicológico por “conducta sexual patológica”. Diversos reportes de prensa incluidos Perú21 y El País sostienen que el entonces congresista no habría cumplido plenamente dicha orden.
Tras asumir la presidencia, organizaciones feministas y colectivos universitarios revivieron las denuncias en redes y en las calles, denunciando que el Congreso impuso a un mandatario “cuestionado moralmente y sin legitimidad social”.
Crecen las protestas: “No tenemos presidente”
El 15 de octubre, el malestar ciudadano se transformó en una Gran Marcha Nacional, encabezada por colectivos juveniles y la llamada Generación Z. Bajo consignas como “Fuera Jerí” y “No tenemos presidente”, miles de peruanos salieron a las calles de Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo para exigir su vacancia inmediata y la convocatoria de nuevas elecciones.
Los enfrentamientos con la Policía Nacional dejaron un fallecido, decenas de heridos y más de treinta detenidos, según reportes de Infobae Perú. Las imágenes de represión y caos circularon por todo el país, intensificando la percepción de un mandato débil y sin respaldo popular.
Un país que no logra salir del círculo
Con José Jerí, Perú suma su octavo presidente en menos de diez años, síntoma de una crisis institucional profunda.
Su discurso conciliador y sus promesas de seguridad chocan con acusaciones personales, protestas crecientes y una legitimidad en entredicho.
El nuevo mandatario enfrenta el desafío de demostrar que puede gobernar más allá de la coyuntura y devolverle algo de estabilidad a un país que parece vivir en estado permanente de transición.
