A inicios de agosto, el municipio de Jerusalén ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén, poniendo en riesgo el funcionamiento cotidiano de una de las instituciones religiosas más antiguas e influyentes de la región.
Según la municipalidad, la medida responde a una deuda acumulada desde 2018 por impuestos municipales aplicados a propiedades que ya no tienen un uso estrictamente religioso. Hasta ese año, las iglesias gozaban de una exención tributaria en espacios dedicados al culto, la enseñanza religiosa y las obras caritativas. Sin embargo, la norma fue anulada y desde entonces se cobran tasas sobre inmuebles con fines comerciales u hospitalarios, generando una deuda millonaria para el Patriarcado.
Las autoridades aseguran que antes del congelamiento agotaron instancias de diálogo y enviaron múltiples requerimientos formales de pago que fueron desatendidos.
No obstante, líderes eclesiásticos denuncian que el bloqueo de fondos compromete el sostenimiento de escuelas, hospitales y programas sociales, y lo interpretan como el último episodio de un pulso prolongado entre las autoridades israelíes y las comunidades cristianas en Jerusalén.
El Patriarcado Ortodoxo Griego, que representa aproximadamente a la mitad de los cristianos palestinos, es además el segundo mayor propietario de tierras en Israel, después del propio Estado. Por ello, cualquier maniobra financiera sobre sus bienes tiene un fuerte trasfondo político.
En el actual contexto del conflicto en Gaza y Cisjordania, varias iglesias han expresado públicamente su apoyo a la población palestina. Para observadores locales, el congelamiento de las cuentas podría ser leído como una estrategia de Israel para consolidar su control sobre Jerusalén y limitar la influencia de instituciones religiosas que, directa o indirectamente, puedan reforzar la causa palestina.