El pasado 11 de febrero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó al Estado de Israel a revocar las recientes medidas aprobadas que le permiten ampliar su control político y civil sobre los territorios palestinos en Cisjordania ocupada. De igual manera, advirtió que estas políticas vulneran el derecho internacional y ponen en riesgo la viabilidad de un futuro Estado palestino.
Las declaraciones se producen tras la decisión del gabinete de seguridad israelí del ocho de febrero de aprobar una serie de medidas que incrementan la autoridad israelí en las zonas A y B de Cisjordania, que en conjunto, representan aproximadamente el 40% del territorio. Parte de estas competencias corresponden actualmente a la Autoridad Nacional Palestina, conforme a lo establecido en los Acuerdos de Oslo.
Según la oficina de derechos humanos de la ONU, las nuevas disposiciones modificarían la legislación para permitir que autoridades y particulares israelíes adquieran tierras en esas zonas, lo que, de implementarse, consolidaría la integración de Cisjordania en Israel y reforzaría una anexión considerada ilegal bajo el derecho internacional. A igual magnitud, privaría más a los palestinos de acceder a sus propios recursos naturales y aceleraría un traslado forzoso. En otras palabras, consolidaría la ocupación total de Israel sobre los territorios palestinos.
Impacto en lugares sagrados
El Alto Comisionado también señaló que las medidas afectan competencias de planificación y construcción en partes de Hebrón, ciudad conocida por albergar la Tumba de los Patriarcas, y Belén o Mezquita de Ibrahim; así como en Belén, lugar sagrado por su importancia bíblica y por resguardar la Tumba de Raquel. Ambos sitios guardan un profundo significado religioso para el islam, judaísmo y cristianismo.
Según la ONU, estas decisiones no solo comprometen derechos territoriales, sino también derechos culturales vinculados a lugares de especial importancia para la población palestina.
Estas medidas se producen en un contexto de intensificación de las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego anunciado el 25 de octubre de 2025. La situación ha estado acompañada de acusaciones de cometer el crimen de genocidio por parte de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, así como de un aumento de restricciones de movimiento y operativos de seguridad contra la población palestina en la Cisjordania ocupada.
La intención de destruir sistemáticamente a la población palestina es evidente y ya no necesita camuflarse bajo una supuesta retórica de seguridad nacional. Esta intención quedó demostrada en las declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien afirmó “seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino».
