El Estado de Israel atacó y demolió la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este. Este ataque se produce en un contexto de creciente hostilidad del gobierno de Benjamín Netanyahu hacia las organizaciones internacionales que operan en territorio palestino, particularmente aquellas que documentan los crímenes de guerra del ejército israelí.
Nuestra sede en #JerusalénEste no es propiedad de Israel. La tierra se arrienda a Jordania desde 1952 y su incautación viola el derecho internacional. La @CIJ_ICJ y la Asamblea General de @ONU_es determinaron que la presencia israelí en Jerusalén Este es ilegal y debe terminar. pic.twitter.com/ArCB4G6uoD
— UNRWA.es (@UNRWAes) January 21, 2026
Según la UNRWA, el edificio destruido cumplía funciones administrativas y de coordinación para la asistencia a la población palestina refugiada. Su demolición no solo afecta la operatividad de la agencia, sino que envía un mensaje político directo hacia la comunidad internacional. Asimismo, ha señalado que esta acción no tiene precedentes, cuyo impacto dificulta aún más la entrega de ayuda humanitaria, en un momento en que la población palestina enfrenta desplazamiento forzado, colapso de servicios básicos y una crisis humanitaria que se agudiza con el paso de los días. La demolición de su sede en Jerusalén Este ocurre, además, tras meses de ataques sistemáticos contra instalaciones humanitarias en Gaza y restricciones crecientes a la labor de organizaciones internacionales.
La operación ha generado preocupación en la comunidad internacional, que observa con alarma la erosión progresiva del espacio humanitario en los territorios palestinos. Diversos organismos internacionales han advertido que la demolición de infraestructura civil y humanitaria de organismos internacionales constituye una violación grave del derecho internacional humanitario, especialmente cuando afecta a agencias protegidas por convenciones internacionales.
BASTA YA. Funcionarios israelíes piden abiertamente la aniquilación de personal humanitario de UNRWA. Cuando se normaliza el asesinato de quien salvan vidas, el silencio se convierte en complicidad. ¿Hasta dónde les va a permitir el mundo llegar? pic.twitter.com/QjiDEiAdzQ
— UNRWA.es (@UNRWAes) January 22, 2026
Este ataque es otro episodio de la violencia ejercida por Israel en territorios ocupados. Jerusalén del Este es considerado desde 1967 territorio palestino ocupado por Israel. Esta anexión no ha sido reconocida internacionalmente, en especial por la ONU y la Corte Internacional de Justicia, quienes instan a la comunidad internacional de no reconocer la presencia israelí en el territorio.
El gobierno israelí ha intentado justificar la demolición recurriendo al argumento de la defensa nacional. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, afirmó públicamente que el complejo demolido sería propiedad del Estado de Israel, que la UNRWA ya no operaba allí y que la medida se habría ejecutado “en conformidad con el derecho israelí e internacional”. Además, sostuvo, sin presentar pruebas judiciales concluyentes, que empleados de la UNRWA habrían participado en los ataques del 7 de octubre y que la agencia se habría convertido en un “caldo de cultivo para el terrorismo”.
The State of Israel owns the Jerusalem compound in which the Israel Land Authority is operating today. Even prior to the passage of legislation in January 2025, UNRWA had already ceased its operations at this site and no longer had any UN personnel or UN activity there. The… pic.twitter.com/lAWCb4DUza
— Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) January 20, 2026
Este tipo de declaraciones no solo buscan deslegitimar a una agencia de Naciones Unidas, sino que forman parte de una estrategia más amplia: convertir acusaciones generalizadas en justificación para la destrucción de infraestructura humanitaria protegida. Al mismo tiempo, busca deslegitimar y debilitar a organismos internacionales que documentan la violación al derecho humanitario en el territorio.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el argumento resulta profundamente problemático. Incluso si Israel alega titularidad administrativa sobre el terreno, Jerusalén Este es considerado territorio ocupado, y la potestad interna no anula las obligaciones internacionales. Las acusaciones contra individuos concretos no habilitan la demolición de una sede de la ONU ni la criminalización colectiva de una organización humanitaria, protegida por tratados internacionales. Presentar a la UNRWA como una extensión de grupos armados sin resoluciones judiciales independientes ni mecanismos multilaterales de verificación erosiona deliberadamente el derecho internacional y normaliza la idea de que cualquier actor “incómodo” para Israel puede ser eliminado bajo la justificación de “terrorismo” o “defensa nacional”.
Mientras Israel sostiene que sus acciones responden a criterios de seguridad, las consecuencias prácticas recaen sobre la población civil palestina, quienes son testigos de la disminución del acceso a asistencia médica, provisión de alimentos y servicios básicos. La demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este refuerza la criminalización de la ayuda humanitaria y el progresivo cierre de los espacios de protección internacional en uno de los conflictos más prolongados del mundo.