El pasado 30 de marzo, el parlamento de Israel aprobó con mayoría la denominada “Ley de Pena de Muerte para Terroristas”, una normativa que, bajo el argumento de combatir el terrorismo, abre la puerta a la aplicación de la pena capital en contextos altamente cuestionados por organismos internacionales. Lejos de tratarse de una legislación neutral, diversas organizaciones de derechos humanos advierten que su implementación está dirigida principalmente para acabar con la población palestina.
Según Amnistía Internacional, esta ley elimina garantías fundamentales del debido proceso y facilita la privación arbitraria de la vida. En términos prácticos, consolida un sistema jurídico diferenciado, un sistema apartheid: uno para ciudadanos israelíes y otro para palestinos, particularmente en territorios ocupados como Cisjordania.
La norma establece que los tribunales militares en territorios ocupados podrán imponer la pena de muerte a palestinos acusados de actos catalogados como terrorismo. Sin embargo, el problema central radica en la ambigüedad con la que el Estado define quién es considerado “terrorista”.
¿Pena de muerte o herramienta de control?
En un contexto donde, según la organización israelí B’Tselem, existen prácticas sistemáticas de detención arbitraria, tortura y abuso contra prisioneros palestinos, la aplicación de una pena irreversible como la muerte genera profundas dudas sobre su legitimidad. Datos oficiales indican que al menos cuatro mil de palestinos permanecen detenidas sin juicio bajo figuras como la “detención administrativa” y “presos de seguridad”, sin acceso a defensa efectiva ni conocimiento de los cargos en su contra. A ello, se le suman dos mil palestinos de Gaza catalogados como “combatientes ilegales”, una categoría jurídica que permite la reclusión indefinida sin proceso penal. Cabe señalar que casi 400 de los encarcelados son menores de edad, lo que evidencia que el sistema de detención no distingue entre combatientes y población civil. Estas cifras, provenientes de fuentes oficiales israelíes, confirman que el encarcelamiento masivo opera como una herramienta central de control, castigo colectivo y deshumanización, y no como un mecanismo excepcional de seguridad.
Este escenario no es nuevo. Según la misma organización, desde el 2017, los tribunales militarles israelíes presentan tasas de condenas superiores en casos contra palestinos. Además, los israelitas y los palestinos son juzgados en tribunales diferentes y bajo leyes diferentes por el mismo delito cometido en el mismo lugar. Los palestinos son juzgados en tribunales militares y su culpabilidad e inocencia se determina según las disposiciones de las órdenes militares. Mientras tanto, los acusados israelíes son juzgados en tribunales civiles y, mayormente, absueltos. En este escenario, la justicia no opera como un mecanismo imparcial, sino como una extensión del control político y territorial israelí sobre la población palestina.
Además, la norma introduce un elemento ideológico preocupante: permite condenar a muerte a quienes actúen con la supuesta “intención de negar la existencia del Estado de Israel”. Este criterio, amplio y sumamente subjetivo, refuerza la percepción de que la ley está diseñada para aplicarse selectivamente contra la población palestina.
El debate y aprobación de esta ley no puede desligarse del contexto más amplio del conflicto. Israel enfrenta crecientes críticos en el ámbito internacional. La Corte Penal Internacional ha señalado al primer ministro Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, distintos organismos y expertos de Naciones Unidas han acusado a Israel de cometer genocidio contra la población palestina en Gaza, donde al menos 70 mil perdieron la vida. Estas acusaciones, reflejan la gravedad del escenario actual y el nivel de escrutinio internacional sobre las acciones del Estado israelí.
El silencio incómodo de sectores religiosos
En medio de este contexto, resulta particularmente cuestionable el respaldo o la ausencia de crítica por parte de ciertos sectores cristianos. Bajo interpretaciones teológicas que consideran a Israel como un actor central en el cumplimiento de profecías bíblicas, algunos grupos han optado por justificar o minimizar las acciones del Estado israelí. Pero, ¿cómo puede ser coherente defender un discurso basado en valores de la vida y dignidad humana, mientras se guarda silencio frente a un Estado que ataca de manera desproporcionada a civiles y niños?
Sin embargo, esta postura plantea una tensión ética evidente. ¿Es coherente sostener un discurso basado en valores como la justicia, la vida y la dignidad humana, mientras se guarda silencio frente a políticas que afectan de manera desproporcionada a una población civil? Este respaldo incondicional invisibiliza el sufrimiento palestino y legitima el ejercicio de violencia si se basa en escrituras bíblicas.