El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) es una agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional cuya función principal es hacer cumplir la legislación migratoria federal. En términos prácticos, su labor consiste en identificar, arrestar, detener y deportar a personas consideradas en situación migratoria irregular. Sin embargo, en los últimos años, el accionar de esta agencia ha sido objeto de severos cuestionamientos por operar, en múltiples casos, al margen de los estándares básicos de derechos humanos.
Desde el inicio del primer mandato de Donald Trump, la política migratoria estadounidense se endureció de forma significativa. Diversos organismos internacionales han advertido que, bajo este enfoque, la detención arbitraria, la separación familiar y el uso excesivo de la fuerza se han convertido en prácticas recurrentes. Naciones Unidas ha señalado que el trato abusivo y degradante hacia migrantes y solicitantes de asilo se ha convertido en un funcionamiento cotidiano del sistema del control migratorio estadounidense.
Este contexto ha profundizado la polarización social en Estados Unidos. Por un lado, amplios sectores de la sociedad civil exigen el respeto de los derechos humanos y denuncian la violencia institucional ejercida contra personas migrantes. Por otro, grupos políticos y mediáticos defienden el accionar de ICE bajo el argumento de la “obediencia a la ley” y la “seguridad nacional”, presentando cualquier crítica como una amenaza al orden público.
La tensión alcanzó un nuevo punto crítico tras el asesinato de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, abatida por un agente de ICE durante un operativo en Mineápolis. Imágenes difundidas por medios y redes sociales muestran el vehículo en el que se desplazaba parcialmente detenido en la vía pública cuando agentes migratorios se aproximaron a solicitarle que baje del vehículo. Ante la ausencia de una respuesta inmediata, los agentes dispararon repetidas veces contra el automóvil, provocando su muerte.
La reacción oficial no tardó en llegar. El presidente Donald Trump sostuvo que la víctima se comportó de manera “desordenada” e intentó atropellar a un agente, justificando así el uso letal de la fuerza. Esta versión fue rechazada categóricamente por el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quien calificó la narrativa del gobierno federal como “basura”, señalando inconsistencias y un intento de legitimar un acto desproporcionado.
Si bien es cierto que los Estados tienen plena soberanía para diseñar y aplicar políticas migratorias según sus problemas públicos, esa potestad no puede vulnerar los derechos humanos. Toda acción estatal debe enmarcarse en el respeto al derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso. En especial, teniendo en consideración, que Estados Unidos ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que implica obligaciones concretas en materia de detención, uso de la fuerza y garantías judiciales.
No obstante, múltiples informes han documentado que arrestos y deportaciones se han realizado sin debido proceso, sin acceso a defensa legal efectiva y sin información clara a familiares sobre el paradero de las personas detenidas. Padres y madres han sido trasladados entre centros de detención sin notificación alguna, imposibilitando la reunificación familiar o la interposición de recursos legales.
A este escenario se suma un componente especialmente alarmante: la deshumanización discursiva. Declaraciones como la del jefe de deportaciones del Servicio Secreto durante la administración Trump —“no tengo reparos en hacer de Estados Unidos más seguro cuando arrestamos a inmigrantes ilegales» – cuando le preguntaron si tendría problema algúno de arrestar a un niño de cinco años, revelan hasta qué punto se ha normalizado un lenguaje que reduce a personas, incluso a niños, a meros objetos de seguridad. Este tipo de retórica no solo legitima la violencia institucional, sino que erosiona los límites morales que deberían regir cualquier política pública.
La pregunta, entonces, no es si un Estado puede hacer cumplir sus leyes migratorias. La verdadera pregunta es hasta dónde puede llegar sin traicionar los principios fundamentales que dice defender. Cuando la seguridad se impone sobre la dignidad humana y la ley se aplica sin garantías de justicia, deja de ser un instrumento legítimo y se convierte en un mecanismo de violencia.
Es preocupante de diversos sectores peruanos defiendan sin reservas y apoyen incondicionalmente el gobierno de Donald Trump sin cuestionar los abusos que perpetran. Defender ICE sin cuestionar la violación a los derechos humanos no es defender la soberanía del Estado, es normalizar la deshumanización. Y en ese camino, lo que se pone en riesgo no es solo la vida de los migrantes, sino la integridad moral de toda una sociedad.