A finales de febrero de 2026, el mundo fue testigo de una de las escaladas militares más significativas en décadas en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una operación militar contra Irán, conocida como Operation Lion’s Roar, atacando instalaciones militares, infraestructuras estratégicas y centros urbanos en distintas provincias iraníes.
La operación incluyó la eliminación de altos mandos, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de la República Islámica, así como un número significativo de bajas civiles. Uno de los episodios que más conmocionó a la comunidad internacional fue el bombardeo de una escuela iraní por Israel que dejó al menos 153 víctimas fatales, incluidos decenas de niños. Además, la Media Luna Roja Iraní informó además que más de 200 personas murieron y 747 resultaron heridas por los ataques aéreos.
Las escuelas deben ser lugares seguros. Siempre.
— Naciones Unidas (@ONU_es) March 2, 2026
El ataque contra una escuela en Minab, Irán, ha segado la vida de niñas y adolescentes que estaban en clase.
UNICEF se suma al llamado del cese inmediato de la violencia y al pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario.… pic.twitter.com/9kUFA9lzxT
La ofensiva detonó una respuesta de represalia por parte de Irán, dirigida contra bases militares estadounidenses y contra Israel, extendiendo el conflicto a varios países del Golfo Pérsico y al Líbano. La violencia no solo ha generado una crisis humanitaria, sino también una crisis global de seguridad, con posibles impactos directos en los precios del petróleo, las cadenas de suministro y la estabilidad económica internacional.
Desde un punto de vista jurídico, el ataque conjunto de Estados Unidos (y de Israel) plantea serias dudas sobre la legitimidad de la acción bajo la óptica del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado, incurriendo una vulneración de su soberanía, salvo en casos de autodefensa o con un mandato del Consejo de Seguridad. En este contexto, diversos analistas y gobiernos se han pronunciado y señalado que la intervención militar de Washington constituye una grave violación de la soberanía de Irán que – deja en evidencia – el precedente global establecido por Estados Unidos después de la operación que permitió la captura de Nicolas Maduro.
Pese a ello, el gobierno estadounidense ha justificado la operación en nombre de la protección de los manifestantes, apropiándose del discurso humanitario como justificación política y bajo el alegado de cerrar una supuesta amenaza nuclear o de desarrollo de armamento avanzado por parte de Irán. Sin embargo, esta narrativa humanitaria convive con evidentes intereses estratégicos y geopolíticos. Ello ha llevado a interpretar la intervención no solo como una acción de seguridad, sino como una maniobra de reposicionamiento regional.
En igual magnitud, resulta profundamente irónico que una de las principales amenazas atribuidas a Irán sea la posibilidad de desarrollar o ampliar su arsenal nuclear, cuando en la región existe un Estado que posee armas nucleares fuera de cualquier marco de supervisión internacional y que, incluso, se encuentra acusado de cometer genocidio: Israel. A la fecha actual, esta nación no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear mantiene una política de ambigüedad estratégica respecto a su capacidad nuclear, aunque diversos informes estiman que su arsenal supera el centenar de ojivas. Esta asimetría alimenta acusaciones de doble rasero en la aplicación del derecho internacional, ya que mientras a Irán se le imponen sanciones severas y se le amenaza con intervención militar por su programa nuclear, el arsenal israelí permanece fuera del escrutinio formal del régimen de no proliferación.
Asimismo, sería incompleto analizar el conflicto sin considerar la dimensión energética. Irán es un actor clave en los mercados energéticos globales, con vastos recursos petroleros que le otorgan una posición estratégica en los flujos energéticos del planeta. El estrecho de Ormuz, paso obligatorio del petróleo que exportan varios países del Golfo, se ha visto parcialmente comprometido o amenazado, lo que comienza a generar incertidumbre económica a nivel global.
También resulta pertinente mencionar que este conflicto ha coincidido en un momento donde Washington busca reafirmar su influencia global mediante el detrimento de la diplomacia multilateral, y en un contexto donde Israel aprovecha el respaldo norteamericano para confrontar a uno de sus principales enemigos declarados.
Este tipo de dinámicas sugiere que hay motivos económicos y estratégicos más allá de la seguridad, incluido el deseo de controlar o influir en regiones ricas en recursos y rutas comerciales clave.
No obstante, criticar la intervención externa no implica desconocer la realidad interna iraní. El régimen iraní es un Estado teocrático con estructuras de poder profundamente autoritarias, en donde los derechos humanos, civiles y políticos son severamente limitados, las mujeres – y también las minorías – enfrentan una profunda discriminación legal y sufren bajo una ideología islámica fundamentalista, y las fuerzas de seguridad han reprimido duramente las protestas internas, con informes de cientos de muertes de manifestantes en meses previos al conflicto.
Negar estas realidades sería negar la opresión vivida por millones de iraníes que luchan por la desigualdad y libertades básicas dentro de su propio país. No obstante, dos verdades pueden ser ciertas al mismo tiempo.
La historia reciente de Irán nos ha demostrado que las intervenciones externas rara vez producen estabilidad duradera. En 1953, un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido derrocó al primer ministro democráticamente elegido Mohammad Mosaddeq, reinstalando al Sha con un fuerte respaldo occidental. Ese episodio sembró un profundo resentimiento anti occidental que, décadas más tarde, desembocaría en la Revolución Islámica de 1979, consolidando un régimen teocrático abiertamente contrario a Occidente.
Es decir, la historia parece moverse en un bucle: intervención externa, reacción nacionalista, radicalización política y mayor hostilidad hacia Occidente. Pretender que una nueva injerencia, aunque esta se presente bajo el lenguaje de la “protección” o la “liberación”, traerá una paz estable ignora las lecciones del pasado. Más bien, corre el riesgo de reforzar el discurso antioccidental dentro de Irán, consolidar a los sectores más extremistas del régimen y perpetuar un ciclo de confrontación que termina perjudicando, sobre todo, a la población civil.
