En julio del presente año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos anunció la posibilidad de un cambio en su interpretación de la Enmienda Johnson, con la finalidad de lograr que las iglesias puedan respaldar públicamente a candidatos políticos.
La enmienda Johnson constituye una disposición que prohíbe a organizaciones exentas de pagar impuestos ha realizar campañas políticas. En caso lo hiciesen, perdían automáticamente su estatus de exención fiscal. No obstante, con esta nueva interpretación, las iglesias podrían expresar apoyo político siempre que lo hagan “de buena fe” y “no conviertan dicha actividad en el centro de su misión”. Esta política de la administración Trump no solo cuestiona el espíritu de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende la libertad de culto, sino que evidencia el creciente involucramiento de la religión en la política.
Desde una perspectiva positiva, esta medida puede considerarse un reconocimiento de la libertad de expresión religiosa. Para muchos líderes de fe, las cuestiones políticas son también cuestiones morales y éticas que afectan directamente a sus comunidades. En este sentido, permitirles opinar o incluso respaldar candidatos puede mirarse como una ampliación de la participación ciudadana.
Sin embargo, los críticos del cambio argumentan que la medida diluye la barrera entre la religión y la política. La fe y confianza en las iglesias por parte de los creyentes se convierte en un medio para alcanzar objetivos políticos y, por ende, respaldar intereses particulares. Con el auge del conservadurismo político en Estados Unidos, los espacios de cultos podrían transformarse en trincheras de una determinada ideología y postura política. Este escenario aumentaría la polarización social y debilitaría el rol comunitario de la religión. Incluso, es posible el surgimiento de la exclusión de miembros de la comunidad religiosa que no compartan la postura política avalada por las autoridades eclesiásticas.
Además, el respaldo pastoral hacia un candidato o partido puede considerarse una forma de instrumentalizar la religión para legitimar liderazgos o gestiones públicas. Las instituciones religiosas gozan de reconocimiento, confianza y poder suficientes para influir en el comportamiento de sus comunidades. Para muchos fieles, la Iglesia, y el cristianismo en particular, simboliza orden, tradición y estabilidad; por ello, el apoyo religioso puede conferir a los candidatos un prestigio moral que trasciende el ámbito político.
Por otro lado, en Estados Unidos, las iglesias están exentas de pagar impuestos. Por lo tanto, al permitir su participación en la política partidista, se crearía una desigualdad frente a otras organizaciones civiles y se abriría la puerta a que las iglesias se conviertan en plataformas de campañas financiadas indirectamente por recursos públicos. Cabe subrayar que la actual interpretación de la enmienda Johnson permite que los templos puedan participar en “defensa de la moral” siempre y cuando no expresen públicamente a sus congregaciones por quien deben o no votar.
En suma, la intención del IRS constituye un punto de inflexión en la relación entre religión y política en Estados Unidos. Si bien puede fortalecer la voz de comunidades de fe en el debate público, también amenaza con instrumentalizar la espiritualidad al servicio de intereses electorales. Más que nunca, se plantea la necesidad de equilibrar la libertad religiosa con la preservación de un espacio político plural y laico, que garantice la igualdad y evite que la fe se convierta en un arma de poder partidista.
