En el debate político peruano, el partido Renovación Popular suele presentarse como un bastión de los valores cristianos, defensor de la familia tradicional y opositor frontal de lo que denomina “agenda progresista”. Sin embargo, una reciente revisión de antecedentes policiales de algunos de sus candidatos ha abierto un incómodo cuestionamiento y evidencia una profunda contradicción entre su prédica y práctica.
Según informó el diario La República, de los 16 aspirantes al Congreso vinculados a la comunidad evangélica dentro de la agrupación, seis registran denuncias policiales. Aunque las denuncias no constituyen sentencias, la cifra genera debate sobre la coherencia entre el mensaje ético que promueven y los antecedentes que arrastran algunos postulantes.
Entre los nombres mencionados figura Irma Palomino Padilla, candidata por Apurímac, quien registra denuncias que datan desde 1993 por presunta falsedad ideológica. Posteriormente, en 2010, fue señalada en distintos momentos por faltas contra las personas, apropiación ilícita (2016), y por conducir un vehículo con requisitoria vigente en el 2019.
Otro caso profundamente problemático es el del congresista Esdras Medina Minaya, miembro de Las Asambleas de Dios del Perú y candidato a la reelección por Arequipa. Medina enfrenta denuncias por presunta violencia contra la mujer, interpuesta por la madre de sus hijas, Yanet Mamani, en 2017. Según Mamani, Medina también maltrataba constantemente de forma verbal y psicológica a sus hijas.
Esdras Medina también enfrenta denuncias por supuestos delitos vinculados a la administración pública y estafa en años posteriores.
También figura José Guerra Velásquez, candidato por Lima, quien fue intervenido en varias ocasiones por conducir en presunto estado de ebriedad y por irregularidades vehiculares.
En el caso de Gremy Azocar Fajardo, candidata por Ayacucho, aparece una denuncia por violencia contra la mujer. No obstante, ella ha declarado que en los procesos figura como denunciante y agraviada, y que el único episodio en el que estuvo involucrada fue archivado.
Por su parte, Olga Condori Quispe afronta denuncias por presunta estafa y usurpación, las cuales atribuye a confusiones. Finalmente, Paola Martínez Paitan, candidata en Lima, fue denunciada en 2016 por agresión física contra Fidel Quispe Prado, hecho que ella niega categóricamente.
¿Autoridad moral con doble estándar?
El debate no radica únicamente en la existencia de denuncias, sino en la narrativa política que el partido ha construido en torno a la superioridad moral por constituir un partido cristiano. Renovación Popular ha hecho de la defensa de los “valores cristianos” uno de sus principales estandartes, cuestionando con dureza a otros sectores políticos por conductas consideradas inmorales, anti cristianas o contrarias a la familia.
La revelación de estos antecedentes evidencia el doble estándar existente dentro de la agrupación política. ¿Cómo es posible que un partido que exige estándares éticos elevados a sus adversarios para por alto esta clase de cuestionamientos dentro de sus propias filas? Este nuevo escenario evidencia una brecha entre lo escrito y practicado, y refuerza la idea de que la religión en política, constituye más una herramienta discursiva más que una garantía de seguridad.