Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, las cifras estadísticas y debates sobre la situación que las mujeres atraviesan en la sociedad peruana vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública. Cada año, esta fecha invita a reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes en materia de igualdad y derechos. No obstante, en lugar de avanzar en marcos legales y bases jurídicas que nos permitan fortalecer en la formulación e implementación de políticas más sólidas de prevención y protección hacia las mujeres, el país carga hoy con las decisiones políticas que diversos especialistas consideran un retroceso en la por el respeto de los derechos de las mujeres.
El año pasado, el Congreso peruano aprobó una norma impulsada por la pastora evangélica y congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, que elimina el concepto de “enfoque de género” del marco legal del país y lo reemplaza por la noción de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Esta ley obliga a todas las entidades del Estado a modificar sus documentos oficiales para eliminar el término “enfoque de género”, lo que implica limitar las herramientas institucionales para analizar, cuantificar y comprender los problemas que afectan de manera específica a las mujeres, como el feminicidio, la violencia doméstica, la violencia sexual y diversas formas de desigualdad estructural.
Para especialistas y organizaciones de derechos humanos, este cambio no es solo terminológico. El enfoque de género ha sido durante años una herramienta clave para identificar patrones de violencia y desigualdad que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. Sin este marco analítico se vuelve más difícil diseñar políticas públicas eficaces para prevenir y atender estos problemas.
Por ejemplo, uno de sus posibles impactos inmediatos sería la eliminación de la tipología del feminicidio debido a que su definición jurídica se sustenta en la identificación de la violencia ejercida contra la mujer por su condición de género. En el marco del Código Penal peruano, el feminicidio se configura cuando una mujer es asesinada en contextos de discriminación o desigualdad estructural, como situaciones de violencia familiar, acoso sexual, violencia sexual, abuso de poder o cualquier forma de dominación basada en estereotipos de género. Esto implica reconocer que la muerte no ocurre de manera aislada, sino dentro de dinámicas de violencia dirigidas específicamente contra mujeres.
Por esta razón, la configuración y posterior aprobación de esta ley resulta sumamente preocupante, en especial en un país donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad alarmante.
Durante el año 2025 se registraron 133 feminicidios en el Perú, lo que equivale a casi once mujeres asesinadas cada mes. En relación con otros tipos de violencia, más de 32 mil mujeres denunciaron casos de violencia sexual, más de 62 mil reportaron violencia física, más de 74 mil violencia psicológica y al menos 735 casos correspondieron a violencia económica, según los registros de los Centros de Emergencia Mujer.
En el ámbito económico, las brechas de género también siguen siendo significativas. El 73,2% de las mujeres se encuentran en el sector informal, con una diferencia de casi cinco puntos porcentuales respecto a los hombres, cuyo nivel de informalidad alcanza el 68,5%. Esta situación, según advierte la Defensoría del Pueblo, limita su autonomía económica y aumenta el riesgo de dependencia y vulnerabilidad frente a situaciones de violencia. Asimismo, el ingreso promedio de las mujeres representa apenas el 75,7% del ingreso de los hombres, lo que refleja una brecha salarial aproximada de 500 soles.
Estas estadísticas reflejan una problemática estructural que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad peruana como la familia, la escuela, el ambiente laboral y las instituciones públicas. Frente a esta realidad, debilitar las herramientas conceptuales que permiten entender los factores que facilitan y permiten estas violencias puede tener consecuencias graves para la prevención y la protección de las víctimas.
Otro de los puntos más polémicos de la nueva legislación es la eliminación de la educación sexual integral en el sistema educativo, la cual será reemplazada por un modelo basado en criterios “científicos, biológicos y éticos”. Para especialistas en educación y derechos de la niñez, la educación sexual integral no solo aborda contenidos biológicos, sino también temas fundamentales como el consentimiento, la prevención del abuso y la identificación de situaciones de violencia. Cuando estos temas desaparecen del currículo escolar, los niños y adolescentes quedan más vulnerables frente a situaciones de abuso. Esto resulta especialmente preocupante si se considera que, en el Perú, una gran proporción de los casos de violencia sexual contra menores ocurre dentro del entorno familiar.
En este contexto, las Naciones Unidas también han advertido que esta ley podría debilitar las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso, al ignorar las realidades sociales y culturales que influyen en las desigualdades de género. Asimismo, han señalado que la normativa podría afectar el trabajo de organizaciones de derechos humanos que promueven la igualdad y la no discriminación.
Otro aspecto preocupante es que este tipo de medidas puede entrar en tensión con los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos, en virtud de tratados y convenios ya ratificados por el Estado peruano.
Aborto terapéutico y embarazos forzados en niñas
A estas preocupaciones se suma otra decisión polémica impulsada por la misma congresista. En junio de 2025, desde su posición en el Parlamento, Milagros Jáuregui de Aguayo anunció como un “logro” la modificación de la Guía de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal. La actualización redujo de 15 a 11 las causales bajo las cuales procede este procedimiento médico, eliminando supuestos vinculados al grave daño a la salud mental de la gestante, así como otros escenarios considerados de alto riesgo para su bienestar.
El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 cuando la vida o la salud de la gestante se encuentran en riesgo. No obstante, especialistas en salud pública han advertido que restringir las causales puede limitar las posibilidades de atención médica integral para mujeres y niñas que enfrentan embarazos en contextos de extrema vulnerabilidad.
Esta situación resulta especialmente delicada cuando en el Perú miles de mujeres, en especial menores de edad, son víctimas de violencia sexual cada año. Según el Ministerio de la Mujer, durante el 2025, más de 16 mil niñas sufrieron abuso sexual. Diversos casos ocurridos en 2025 evidenciaron las graves consecuencias que pueden enfrentar niñas obligadas a continuar embarazos a temprana edad. En abril, una menor de 13 años terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos tras un parto forzado; en agosto, otra niña de la misma edad falleció luego de dar a luz; y en septiembre una tercera menor perdió la vida por complicaciones durante el parto.
Religión y política: cada vez más unidas
Este episodio también ha reabierto una discusión más amplia sobre los límites entre religión y política. La promotora de la ley, la congresista Milagros Jáuregui, es también pastora evangélica, lo que ha llevado a diversos sectores a cuestionar la influencia de convicciones religiosas en la formulación de políticas públicas. En una sociedad democrática, plural y sobre todo laica, la libertad religiosa es un derecho fundamental. Sin embargo, el desafío surge cuando las convicciones religiosas de determinados actores políticos se traducen en decisiones legislativas que afectan a toda la ciudadanía, incluyendo a personas que no comparten esas creencias. En este escenario, existe el riesgo que la protección de derechos se vea reemplazada por agendas ideológicas.
El debate sobre el enfoque de género no es únicamente un conflicto terminológico o político. En el fondo, refleja una discusión más profunda sobre el tipo de sociedad que cierto sector en el congreso desea construir y sobre la manera en que el Estado debe responder a la violencia que sigue afectando la vida de millones de mujeres y niñas.