A poco más de cuatro meses de las elecciones generales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones logró lo que, al menos en el papel, parecía un avance: que 29 partidos políticos firmaran el llamado Pacto Ético Electoral. El documento busca establecer reglas mínimas de convivencia democrática durante la campaña, apelando a algo que en la política peruana suele escasear: el respeto.
El pacto compromete a las organizaciones firmantes a expresar sus ideas mediante argumentos y propuestas, evitando agravios personales, discursos de odio, desinformación y ataques que socaven la confianza en el sistema electoral. También incluye el respeto a los resultados, a las autoridades electorales y al principio de igualdad entre los competidores.
Sin embargo, el gesto no fue unánime. Tres partidos políticos decidieron no firmar el acuerdo, una negativa que no pasó desapercibida. Aunque el JNE evitó convertir la ausencia en un escándalo mayor, las agrupaciones que se abstuvieron de firmar dejaron un mensaje: no tienen intención de jugar limpio.
Al respecto, diversos especialistas y analistas han advertido que este tipo de acuerdos no son vinculantes ni contemplan sanciones directas. Funcionan más como un compromiso moral que como una herramienta efectiva de control. En un escenario electoral marcado por la fragmentación, el oportunismo y la necesidad desesperada de visibilidad, la tentación de romper las reglas suele ser más fuerte que cualquier llamado a la ética.
El JNE, por su parte, ha defendido el pacto como un primer paso, una señal política que busca elevar el nivel del debate y recordar que la democracia no se sostiene solo con votos, sino también con responsabilidad. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que las campañas en el Perú rara vez se ganan con propuestas y casi siempre se disputan en el terreno del ataque, el miedo y la desinformación.
Así, el Pacto Ético Electoral queda flotando en una zona incómoda: demasiado importante para ignorarlo, pero demasiado débil para garantizar su cumplimiento.