El fin de Maduro y el precedente más peligroso para América Latina

El pasado sábado 03 de enero no ocurrió un hecho aislado. Fuimos testigos del desenlace de una guerra anunciada. Estados Unidos ejecutó una operación militar en territorio de Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Este acontecimiento marca un punto de quiebre histórico con la aparente culminación del régimen chavista y la no tan entrañable intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de otros Estados.

Para algunas voces, esta operación representa la liberación de un pueblo sometido a una dictadura responsable de una devastadora crisis humanitaria, económica y política, cuyos efectos se desplegaron en toda la región. Para otros, el accionar de Donald Trump despierta legítimas preocupaciones sobre el poder tangible de Estados Unidos y la amenaza que este representa para América Latina.

La captura de Nicolás Maduro puede generar, comprensiblemente, una sensación de alivio e incluso de esperanza entre millones de venezolanos que han sufrido durante años este régimen represivo que los ha obligado a abandonar sus hogares. Celebrar el fin de una dictadura no solo es legítimo, sino humano. Sin embargo, reconocer esa alegría no puede —ni debe— impedir un análisis crítico sobre cómo ocurrió, quién decidió el desenlace y bajo qué reglas se actuó. Defender el derecho de los pueblos a liberarse de sus opresores no implica aceptar que una potencia extranjera se autodefina el papel de salvador, juez y ejecutor al margen del derecho internacional.

La soberanía como concepto prescindible

La captura de Nicolás Maduro no se produjo tras una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni mediante un proceso judicial internacional. Fue, sin lugar a dudas, una decisión unilateral ejecutada por Washington bajo el discurso de “restaurar la democracia”, en servicio del “bien común del pueblo venezolano”. Pero sostener que esta operación responde únicamente a razones altruistas exige un nivel de ingenuidad política difícil de justificar.

En este escenario, resulta imposible ignorar el contexto material de la intervención. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, un recurso estratégico en un escenario global marcado por tensiones energéticas.  A diferencia de otros episodios históricos, Trump ni siquiera intentó disimularlo. Declaró abiertamente que Estados Unidos tomará el petróleo venezolano y que las empresas estadounidenses volverán a beneficiarse de este recurso. Incluso afirmó que la prioridad no será la transición democrática, sino la explotación económica.

Lamentablemente, la triste realidad nos confirma que Estados Unidos no tiene la necesidad de maquillar la situación porque, de igual forma, no recibirá sanción cuyo efecto le cause malestar alguno.    

Supongo que algunos podrán argumentar que, de igual manera, bajo el régimen de Maduro la población venezolana jamás se vio beneficiada de las ganancias de este recurso negro. Pero ese razonamiento no hace más que normalizar la figura de Estados Unidos como administrador externo de América Latina, una lógica colonial que reduce a nuestra región a un territorio vasto disponible para la explotación norteamericana. Tristemente, una lógica que ya se creía superada.

La pregunta es simple: ¿qué ha cambiado realmente? ¿El pueblo venezolano o el beneficiario de sus recursos?

Además, el precedente que deja esta operación resulta abismalmente devastador. Si una gran potencia puede capturar al presidente de otro país – por más dictador que sea – sin sufrir consecuencias ¿Bajó qué lógica podría cuestionarse, por ejemplo, que China decida intervenir militarmente Taiwán, alegando soberanía histórica? ¿Con qué autoridad moral Estados Unidos, fiel aliado de Taiwán, podría objetarlo?  

Extrapolando esta lógica a nuestra región ¿Qué impide que mañana decida hacer lo mismo con cualquier otro gobierno que interfiera en sus intereses estratégicos? Es más, llevando el argumento a nuestro país, ¿Qué ocurriría si mañana Washington decide que el Puerto de Chancay constituye una amenaza y, por lo tanto, debe “corregirse” mediante una intervención militar?  

 Por ejemplo, mañana China podría decidir invadir Taiwán, a quien considera parte inseparable de su territorio nacional. ¿También podría hacerlo? ¿Hay algún obstáculo en el camino estadounidense? ¿Qué pasa si pasado, Trump decide que el Puerto de Chancay opera bajo lógica China o que busca ser instrumentalizado militarmente por Beijing, y, por ende, debe destituir nuestras autoridades?  En pocas palabras, la operación estadounidense rompe ese equilibrio y normaliza la idea de que el poder militar otorga legitimidad política.

Más aún, el paralelismo histórico es inquietante. En 2003, Estados Unidos justificó la invasión de Irak bajo la promesa de liberar al pueblo iraquí del régimen de Saddam Hussein. El resultado fue la destrucción institucional del país, cientos de miles de muertes y una inestabilidad nacional y regional que persiste hasta el día de hoy. Tal vez la historia no se repite de manera idéntica, pero rima con peligrosa precisión.

Antes que caigan los primeros rifles afirmando que este escrito busca defender la dictadura de Maduro, al igual que criticar la invasión de Irak nunca significó defender a Hussein. Del mismo modo, cuestionar la intervención en Venezuela no implica defender a Maduro.

Dos verdades pueden ser ciertas al mismo tiempo. Venezuela era una dictadura y debía cambiar; pero Estados Unidos representa una amenaza real al sistema internacional cuando actúa al margen de la ley. La democracia no se impone mediante secuestros de jefes de Estado, saqueo de recursos ni ocupaciones militares. Lo ocurrido no resolvió la pregunta de fondo; simplemente cambió al administrador del poder.

La reacción de las Naciones Unidas ha sido, hasta ahora, insuficiente. No hubo autorización previa ni capacidad real de frenar la acción estadounidense y, lo más probable, no existirá sanción alguna.

La selectividad es evidente. La legalidad internacional se invoca con rigor contra Estados débiles, pero se relativiza cuando quien actúa es una superpotencia. Esta asimetría erosiona la credibilidad del orden internacional y refuerza una lógica de neocolonialismo contemporáneo, donde las grandes potencias pueden, sin mayores sanciones, beneficiarse de los recursos de los Estados en vías de desarrollo, apropiarse de sus industrias, rediseñar gobiernos y disponer de territorios sin enfrentar sanciones reales. 

 La captura de Maduro no solo redefine el futuro venezolano, sino que también redefine los límites del poder en América Latina. Lo más alarmante, lo hace de la forma más peligrosa posible. Demostrando que el neocolonialismo no ha desaparecido, simplemente ha mutado sin eufemismos, sin vergüenza y sin necesidad de justificación moral. 

Hoy fue Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otro país que ose cuestionar el dominio estadounidense en su patio trasero.