A finales del 2025, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que, a partir de los primeros días del 2026, su gobierno prohibirá la actividad de 37 organizaciones no gubernamentales internacionales en la Franja de Gaza, pese a que estas realizan labores humanitarias esenciales para menguar la crisis humanitaria. La decisión, que generó una inmediata condena a nivel internacional, se produjo en un escenario marcado por el aumento de acusaciones contra Israel por la comisión de crímenes de guerra y actos de genocidio contra la población palestina.
Con el fin de mitigar las duras críticas, el gobierno israelí comunicó que estaría dispuesto a levantar la prohibición a aquellas organizaciones que accedan a entregar información detallada sobre todos los trabajadores palestinos que integran sus equipos. No obstante, diversas ONG han advertido que este requerimiento no solo vulnera la confidencialidad y la protección del personal humanitario, sino que además expone a los trabajadores locales a represalias, detenciones arbitrarias o incluso ataques directos. La preocupación no es menor si se considera que, tras la ofensiva iniciada en octubre de 2023, la cifra de víctimas palestinas supera las 70 mil personas. Bajo la perspectiva de múltiples organismos internacionales, esta ofensiva sistemática trasciende la respuesta militar para convertirse en un castigo colectivo contra el pueblo palestino por los ataques de Hamás.
En este contexto, Claire Nicolet, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), ha advertido que esta decisión representa una grave amenaza para la labor humanitaria en el enclave palestino. MSF, una de las pocas organizaciones que continúa ofreciendo atención médica de emergencia, cirugías y asistencia a desplazados, ha perdido a quince de sus trabajadores bajo ataques israelíes. Nicolet denunció, además, que el personal humanitario en Gaza enfrenta amenazas constantes, mientras que la población civil —ya sometida a condiciones extremas de escasez, hacinamiento y hambre— queda ahora expuesta a una ausencia casi total de servicios esenciales.
Las cifras confirman la magnitud de su labor. Solo en 2025, los equipos de Médicos Sin Fronteras atendieron más de 100 mil casos de trauma, gestionaron más de 400 camas hospitalarias y realizaron cerca de 22,700 intervenciones quirúrgicas a unos 10 mil pacientes. Además, brindaron casi 800 mil consultas ambulatorias, asistieron más de 10,000 partos, administraron 45 mil vacunas y ofrecieron más de 40 mil sesiones individuales y grupales de salud mental a más de 60 mil personas. En paralelo, distribuyeron más de 700 millones de litros de agua y produjeron casi 100 millones de litros de agua potable. Muchos de estos servicios no existen en otras zonas de Gaza debido al colapso casi total del sistema de salud, lo que convierte a MSF en un actor insustituible para la supervivencia de la población.
El panorama es especialmente dramático para los niños. Según Save the Children, varios menores han muerto por el derrumbe de edificios, mientras que otros han fallecido a causa del frío invernal, al verse forzados a vivir en tiendas de campaña sin abrigo ni calefacción. En los primeros meses del invierno de 2026, al menos siete niños y 24 adultos murieron por hipotermia. Naciones Unidas, por su parte, reporta que más de 100 niños han perdido la vida desde el supuesto “alto al fuego” anunciado en octubre de 2025, debido a bombardeos y ataques continuos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.
El retiro forzado de las organizaciones humanitarias de Gaza no solo obstaculiza la ayuda directa a quienes más lo necesitan, sino que también consolida una narrativa de impunidad. Mientras las armas siguen sonando, el silencio de las ambulancias, los quirófanos vacíos y los centros de atención cerrados se convierten en el reflejo más crudo de un conflicto donde incluso la asistencia humanitaria ha sido convertida en objetivo de guerra.