El pasado 10 de octubre, el entonces alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, denunció un supuesto atentado contra su vida durante un acto público en Villa María del Triunfo. Sin embargo, días después la Fiscalía de la Nación concluyó que aquel suceso nunca ocurrió. Ahora, según reveló Infobae, el detenido durante el evento por posesión de arma, Paolo Pizango Iriarte, acusa que la Policía Nacional del Perú (PNP) participó en la articulación del falso atentado, y que fue víctima de plantación de arma.
El incidente se produjo cuando un acto oficial del alcalde quedó interrumpido tras la intervención policial de dos jóvenes, identificados como Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara. A Pizango, según la fiscalía, se le atribuyó un revólver cargado mientras que a Castro se le acusó de portar una granada. Este último fue liberado tras descartarse pruebas en su contra. Pizango, en cambio, permaneció bajo investigación por tenencia ilegal de armas.
El detenido, Pizango, negó cualquier intención delictiva y afirmó que su presencia, en realidad, respondía a su simpatía política hacia López Aliaga, aunque actualmente se encuentra afiliado a la organización política progresista UP Unidad Popular. Su defensa sostiene que fue “sembrado” con el arma por parte de agentes o terceros, alegando que no pertenecía a un plan de ataque, sino que se encontraba en el lugar como parte del público. “Este caso tiene intereses políticos”, afirmó.
Soy inocente (…) yo soy una persona de bien, yo trabajo (…) No tengo antecedentes, no tengo alguna cosa mala, y también de portar un armamento porque una de las dos cosas que no se me permite dentro de la Iglesia es andar con eso (…) Dice la palabra de Dios ama a tu hermano como a ti mismo. Si usted puede ver… en el video yo aparezco en el suelo. Soy una persona de bien, soy cristiano.
Acusado Paolo Pizango Iriarte
Cabe señalar que Municipalidad de Lima difundió inicialmente un comunicado calificando el hecho como un “acto delictivo y premeditado” y que “el individuo confesó que acudió con la clara intención de dispararle al alcalde”. No obstante, la Fiscalía determinó que no existían indicios de atentado ni de homicidio calificado, y el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Pizango únicamente por tenencia ilegal de armas.
Este caso ha generado opiniones divididas y tensiones políticas. Mientras que López Aliaga y sus allegados siguen insistiendo en que sí existió una amenaza real contra su vida y acusa al Ministerio Público de negligencia tras el archivo de los cargos más graves, numerosos internautas lo acusan de manipular el incidente con fines mediáticos y políticos, en un contexto de creciente polarización a puertas de las elecciones 2026.
