A principios de este mes, siete congresistas del Pacto Histórico firmaron una carta proponiendo un proyecto de ley que busca reconocer la brujería como una forma de libertad religiosa en Colombia. La iniciativa, que ya genera polémica, apunta a que quienes practican estas tradiciones sean protegidos por la Constitución, al igual que otras confesiones.
El debate no se hizo esperar. Grupos evangélicos han manifestado su rechazo, alegando que esto abriría la puerta a prácticas que consideran contrarias a la moral y la religión tradicional. Por ahora, la discusión está en sus primeras etapas y aún no hay fecha para su votación en el Congreso.
El proyecto, liderado por el senador Alberto Benavides, pretende ampliar la definición de libertad religiosa en el país. Según él, la propuesta busca “proteger a minorías históricamente marginadas”.
Sin embargo, más allá de la intención declarada, Colombia enfrenta un desafío mayor: cómo equilibrar derechos individuales, respeto cultural y cohesión social. En otras palabras, esta ley no solo regula creencias, sino que obliga a reflexionar sobre qué significa ser un Estado laico y plural en el siglo XXI.
Mientras tanto, el debate se calienta: entre la defensa de libertades y los temores de legitimar prácticas cuestionables, Colombia se encuentra en un cruce entre tradición, modernidad y derechos humanos.
