A pocos días de la segunda vuelta presidencial, diversos espacios religiosos han comenzado a difundir materiales que orientan explícitamente el voto de sus fieles.
Uno de los casos más recientes es el del Centro de Estudios Santo Tomás Moro, que publicó una «Guía Católica para Votar» en la que compara a los candidatos según determinados criterios doctrinales y concluye, de manera implícita pero evidente, cuál sería la opción compatible con la fe católica.
De igual manera, hemos estado viendo directamente a Roberto Sánchez en espacios religiosos durante las últimas semanas. Asimismo, se le ha visto en compañía del pastor evangélico Anthony Lastra, personaje de interés para las filas de Perú Libre, dado que este se habría reunido en múltiples oportunidades con Pedro Castillo y Dina Boluarte durante sus respectivos gobiernos.
El fenómeno no es nuevo. En distintos momentos de la historia, organizaciones religiosas han intentado instrumentalizar la fe durante los últimos procesos electorales en nuestro país a partir de sus convicciones morales.
Sin embargo, cuando la orientación espiritual se transforma en una recomendación política concreta, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es ese realmente el papel que corresponde a los espacios de fe?
Las iglesias, comunidades religiosas y centros de formación espiritual cumplen una función valiosa en la sociedad. Son espacios donde se reflexiona sobre valores, ética, solidaridad, dignidad humana y sentido de comunidad.
En ese terreno, su aporte resulta legítimo e incluso necesario. Lo problemático aparece cuando la reflexión moral deja paso a la promoción directa o indirecta de una candidatura específica.
La fe, por definición, interpela la conciencia de las personas. El voto, en cambio, pertenece al ámbito de la libertad ciudadana. Cuando una institución religiosa presenta una opción política como la única compatible con una determinada creencia, corre el riesgo de sustituir el discernimiento individual por una consigna electoral.
Además, la realidad política es mucho más compleja que una lista de posiciones sobre temas específicos. Los ciudadanos votan considerando propuestas económicas, capacidad de gestión, institucionalidad democrática, lucha contra la corrupción, seguridad, educación, salud y muchos otros factores.
Reducir una elección presidencial a un conjunto limitado de temas morales puede simplificar excesivamente una decisión que afecta a todo un país.
Por otro lado, organismos como el Jurado Nacional de Elecciones tienen como misión garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera libre e informada.
Si bien la libertad de expresión protege el derecho de cualquier organización a manifestar sus opiniones, también existe un principio democrático fundamental: que cada ciudadano pueda formar su criterio sin presiones indebidas derivadas de relaciones de autoridad, dependencia o influencia espiritual.
La cuestión de fondo no es si una organización religiosa tiene derecho a expresar sus valores. Lo tiene. La pregunta es si debe utilizar el prestigio moral o la autoridad que ejerce sobre sus fieles para orientar una decisión que pertenece exclusivamente al ámbito de la ciudadanía.
Una democracia saludable necesita creyentes, agnósticos y personas de todas las convicciones participando libremente en la vida pública. También necesita instituciones religiosas fuertes y respetadas. Pero quizá esa fortaleza no radique en decirle a la gente por quién votar, sino en ayudarla a reflexionar sobre los principios que considera importantes y confiar en que cada persona, desde su conciencia y responsabilidad, tomará su propia decisión.