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¿El Congreso blinda a policías y militares?

La nueva norma dispone que policías y militares sean investigados por el fuero militar-policial, generando cuestionamientos ante un posible riesgo de impunidad.

El Congreso de la República acaba de aprobar una ley que establece que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que cometan delitos durante el ejercicio de sus funciones ya no serán procesados por la justicia ordinaria, sino por el fuero militar-policial.

La propuesta fue promovida desde la Comisión de Defensa Nacional y contó con el respaldo de las principales bancadas de derecha y centro del Parlamento.

Entre ellas destacan las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y el bloque de Honor y Democracia, cuyos votos resultaron determinantes para la aprobación de la norma.

De acuerdo con los impulsores, esta ley busca brindar seguridad jurídica al personal policial y militar que enfrenta acciones durante operativos de lucha contra la delincuencia, el crimen organizado o el terrorismo.

Sostienen que estos efectivos no deberían ser juzgados por tribunales ordinarios cuando los hechos estén relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, diversos juristas y organismos de derechos humanos han advertido que la medida podría debilitar la independencia de las investigaciones y favorecer escenarios de impunidad en casos donde existan presuntas ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad u otras violaciones a los derechos fundamentales.

Recuerdan, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas ocasiones que los delitos cometidos contra civiles deben ser investigados por la justicia ordinaria.

La aprobación de esta ley se suma a otras iniciativas impulsadas por la actual mayoría parlamentaria relacionadas con el sistema de justicia y las Fuerzas Armadas, reavivando el debate sobre los límites del fuero militar y el equilibrio entre la protección de los agentes del orden y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas

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