El gobierno colombiano presentó este lunes un proyecto Ley que busca implementar el cobro del impuesto a la renta y complementarios sobre las iglesias, con el objetivo de financiar el presupuesto estatal de 2026. La medida, impulsada por el Congreso, marcaría un cambio histórico en el tratamiento tributario del sector religioso.
Según informó The Associated Press, el proyecto contempla una recaudación de 26,3 billones de pesos colombianos (aproximadamente 6.300 millones de dólares).
Las cifras muestran que las iglesias representan un sector con un peso económico significativo. De acuerdo con datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en 2019 las instituciones religiosas registraron ingresos brutos de 4,7 billones de pesos y en 2020 alcanzaron 4,1 billones, mientras que su patrimonio bruto llegó a 13,5 billones en 2019 y 12,5 billones en 2020.
Mientras que su patrimonio líquido se situó en 12,3 billones y 11,4 billones en esos años, lo que demuestra que el sector cuenta con una capacidad económica incluso superior a la del Estado en ciertos rubros.
Esta decisión surge en un contexto de crisis fiscal, donde Colombia viene enfrentando un alto nivel de endeudamiento, un recaudo insuficiente y un gasto creciente en programas sociales, infraestructura y compromisos de deuda.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien asumió el cargo en marzo, aseguró que esta iniciativa es parte de una estrategia para garantizar la estabilidad macroeconómica del país:
“Lo que estamos estructurando es una propuesta que nos garantice no solamente que financiamos el 2026, sino que estamos dando estabilidad macroeconómica a mediano plazo”, sostuvo Ávila.
La reforma no solo impactará a las iglesias: también contempla nuevos impuestos para combustibles como la gasolina y el ACPM, el cobro de IVA a las apuestas y juegos de azar, así como el gravamen a plataformas digitales internacionales como Netflix, Amazon Prime o HBO.
Este movimiento se suma a las controversiales acciones que se han dado durante el último año de gobierno de Petro en las últimas semanas, como el proyecto Ley que busca el reconocimiento de la brujería como religión.
Finalmente, en medio de una economía golpeada y una crisis fiscal que incrementa el costo de vida de la ciudadanía, esta nueva medida plantea una pregunta incómoda: ¿deberían las organizaciones religiosas seguir acumulando fortunas millonarias exentas de impuestos mientras el Estado recorta servicios y aumenta el costo de vida?
