Este 4 de agosto arrancó el Censo Nacional 2025, y con él surgieron las primeras críticas. Entre ellas, la del congresista Alejandro Muñante, quien denunció que la eliminación de la pregunta sobre religión busca “invisibilizar” a cristianos, evangélicos y católicos.
En el programa Cuestión Previa, Muñante aseguró que este cambio sería parte de un intento del gobierno por imponer creencias como la llamada “ideología de género”.
Muñante sostuvo que en el Congreso existe un “muro de contención” que defiende la vida y la familia, pero advirtió que este tipo de cambios se impulsan desde decretos supremos, resoluciones directorales o sentencias judiciales.
También amenazó con denunciar al INEI por “institucionalizar la discriminación religiosa” en un instrumento oficial.
La eliminación de la pregunta se decidió el año pasado, luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que obligar a declarar la fe vulnera el derecho a reservar las propias convicciones, parte esencial de la libertad religiosa. El INEI argumentó que la medida garantiza la confidencialidad y evita que se condicione la participación ciudadana por creencias personales.
Los censos nacionales buscan ofrecer un panorama claro de la realidad del país para diseñar políticas públicas y distribuir recursos según necesidades objetivas. Por eso, expertos advierten que incluir inclinaciones políticas, religiosas o filosóficas puede abrir la puerta a sesgos, exclusiones y riesgos para la privacidad.
La discusión, más allá de un casillero en un cuestionario, la consulta religiosa puede llegar a ser problemática debido a las preocupaciones sobre la privacidad, la precisión de los datos y el potencial uso indebido.
Es importante que los gobiernos consideren cuidadosamente estas preocupaciones y diseñen las preguntas del censo de manera que se respeten los derechos de las personas y se proteja su privacidad.
