Una reciente reforma del código penal en Afganistán ha desatado una fuerte controversia internacional y críticas de organizaciones de derechos humanos, luego de que se diera a conocer un artículo que podría permitir golpes físicos a mujeres y niños con penas mínimas, incluso cuando estos causen lesiones graves.
Según el artículo 32 de la nueva normativa, un esposo que golpee a su esposa hasta causarle lesiones —como moretones o incluso fracturas— podría enfrentar apenas unos días de prisión si la mujer logra demostrarlo ante un juez.
La reforma también ha sido calificada por expertos como una legalización tácita de la violencia doméstica, con penas más leves que las establecidas incluso para quienes maltratan animales, lo que profundiza la brecha de protección jurídica hacia mujeres y niños.
Críticas de derechos humanos y contexto más amplio
Organizaciones como el Instituto Georgetown para las Mujeres, la Paz y la Seguridad han expresado su malestar ante estas disposiciones, señalando que la ley refuerza estructuras patriarcales y deja a mujeres y menores vulnerables frente a abusos sin garantía de protección efectiva.
Este cambio legal se da en un contexto donde las autoridades talibanes han reforzado otras medidas severas contra la población civil, incluidas flagelaciones públicas por delitos menores, que han recrudecido en los últimos años según informes de medios y observadores internacionales. Durante 2025, por ejemplo, más de 1.000 personas fueron azotadas públicamente por la justicia talibán, en muchos casos sin procesos judiciales adecuados, y mujeres y niñas se cuentan entre las víctimas.
Grupos de derechos humanos han advertido que la estructura legal del país, desde la llegada del Talibán al poder en 2021, sigue erosionando las protecciones básicas para mujeres, niñas y otros grupos vulnerables, y que prácticas como los castigos corporales y las restricciones a las libertades fundamentales se han normalizado.
Reacciones internacionales y desafíos futuros
La reforma ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que instan a la comunidad internacional a prestar atención y responder ante lo que perciben como una regresión en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, hasta ahora, los grandes actores geopolíticos han mantenido una respuesta fragmentada frente a las políticas internas de Afganistán.
Mientras tanto, activistas y especialistas señalan que la aprobación de leyes que reducen penas por violencia física dentro del hogar representa un serio retroceso en la protección de mujeres y niños, alimentando un clima de impunidad que contraviene estándares internacionales sobre derechos humanos.
