El pastor y excongresista de Podemos Perú, Orestes Sánchez Luis, enfrentará juicio oral luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declarara procedente la acusación en su contra por el presunto delito de concusión, es decir, por haber exigido dinero a un trabajador aprovechando su cargo público.
La denuncia se remonta al 2020, cuando el exservidor parlamentario Miguel Ángel Calderón lo acusó de haberle recortado parte de su sueldo entre mayo y julio de ese año, bajo la condición de mantenerlo en el despacho congresal.
Según reportes de América Noticias, Calderón habría acordado inicialmente recibir un salario de alrededor de 7 mil soles. Sin embargo, debía entregar montos que oscilaban entre 1800 y 2200 soles como “diezmo” dirigido al también exparlamentario y pastor Juan David Perry Cruz. La suma total entregada habría alcanzado los 5800 soles.
De acuerdo con Expreso, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó cuatro años de prisión efectiva contra Sánchez, el pago de 241 días multa (equivalentes a 31’330 soles) y su inhabilitación por diez años para ejercer cargos en el Estado.
Asimismo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió que el exlegislador pague 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, de manera solidaria junto al pastor Perry, para quien también se ha solicitado cuatro años de prisión efectiva.
Por su parte, Sánchez negó en su momento las acusaciones y sostuvo que el trabajador permaneció en funciones entre mayo y octubre de 2020, y que su salida del despacho respondió a una “incapacidad profesional”. Incluso anunció que tomaría acciones legales contra su extrabajador.
Sin embargo, el denunciante aseguró contar con vouchers que respaldarían los depósitos realizados.
Ahora, tras más de cinco años de proceso, el caso avanzó al proceso del juicio oral, etapa en la que se determinará si el excongresista utilizó su investidura parlamentaria para exigir pagos indebidos. Se espera que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determine la fecha del inicio de la audiencia.
Este caso trae a colación nuevamente una problemática que parece convertirse en constante, una vez más, un líder religioso vinculado a la política enfrenta acusaciones que ponen bajo escrutinio no solo su actuación como funcionario público, sino también la coherencia entre discurso moral y ejercicio del poder.