En una reciente entrevista concedida a Plaza Digital Perú, la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo defendió nuevamente el funcionamiento del albergue La Casa del Padre, un centro de acogida residencial (CAR) que recibe a niñas en situación de extrema vulnerabilidad, incluidas menores embarazadas producto de violencia sexual. Sus declaraciones, lejos de disipar las preocupaciones, profundizan los cuestionamientos e interrogantes hacia su candidatura.
Jáuregui sostiene que el albergue fue fundado hace nueve años como una obra social, cuando aún no participaba en política, y que cuenta con todas las autorizaciones estatales necesarias. Afirma que las niñas son derivadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para ser cuidadas temporalmente, mientras se trabaja su reintegración familiar. Según su versión, el rol del albergue se limita al cuidado, y cualquier decisión médica corresponde exclusivamente al Estado y a juntas médicas.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la formalidad legal del albergue, sino en el marco ideológico que lo atraviesa y representa.
Aunque señala que ningún albergue puede obligar a una menor a continuar o interrumpir un embarazo, el contexto importa ya que las niñas son atendidas en un espacio regido por una cosmovisión religiosa explícita, donde la maternidad es presentada como un valor central y donde el embarazo no es problematizado como consecuencia de una violencia previa, sino resignificado como parte de un proceso que debe ser aceptado y, según las mismas palabras de la congresista, “amado”.
Las declaraciones de la congresista evidencian un desfase claro entre su defensa pública y el origen real de la reacción social. El rechazo que ha generado este caso no surge por una oposición a la defensa de la vida —como ella suele sostener—, sino por la percepción de que su discurso no enfrenta el núcleo del problema, que es la extrema vulnerabilidad de las menores involucradas; la agenda de criminalización y restricción del aborto que sostiene Renovación Popular, la eliminación del enfoque de género del marco normativo nacional impulsada por su persona y el desplazamiento del foco desde la niña abusada hacia el bebé.
Al centrar su respuesta en una justificación moral amplia y en una cosmovisión religiosa, el mensaje termina fracasando en absolver las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía, que no giran en torno a principios abstractos, sino a la protección efectiva de niñas que han sufrido violencia y el evidente retroceso del Estado en aplicar las herramientas necesarias para prevenirla. Es esta desconexión, y no la defensa de la vida en sí misma, la que explica la magnitud del rechazo expresado por la opinión pública.
En referencia a las imágenes difundidas recientemente del albergue, Jáuregui aseguró que estas fueron tomadas en actividades internas, que no existe uniformización forzada ni intención de propaganda política, y que la difusión correspondería al propio Estado. No obstante – de nuevo – el debate no gira solo en torno a quién tomó las fotografías, sino al sentido de exhibir públicamente a niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluso cuando se afirma que se trata de celebraciones cotidianas. Convertir estos espacios en escenarios visibles, donde las niñas aparecen como parte de un relato de éxito o redención, desplaza el foco desde su derecho a la privacidad y reparación hacia la validación pública de un modelo moral específico.
De igual forma, sus respuestas contrastan con sus declaraciones iniciales, donde orgullosamente afirma impulsar albergues donde niñas embarazadas de 10 a 13 años completan sus embarazos, en especial considerando que nos encontramos en periodo electoral. La intención política es evidente.
La entrevista da un giro aún más preocupante cuando el debate se traslada del ámbito de la política pública al terreno de la demonización ideológica. Jáuregui afirma que detrás del aborto existe una “industria millonaria”, vincula a quienes defienden derechos sexuales y reproductivos con el “satanismo” y sostiene teorías conspirativas sobre sustancias introducidas en alimentos para impedir la reproducción humana, que, según sus palabras, es parte de la agenda de los caviares progresistas.
Rafael Ugarte: Si tu eres wokista, si te inclinas por estos temas wokistas, estás siendo satanista. Cuando encuentras el centro donde se origina, todo es Satanás.
Milagros Jáuregui: Claro (…) Esto de acá ten por seguro que traerá consecuencias en cada persona que alienta asesinar a esos niños más pequeños. No podemos permitir que existan políticos que no estén de acuerdo en proteger la creación de Dios. Ellos quieren destruir la humanidad y lo único que quieren evitar que nos reproduzcamos sanamente.
Estas afirmaciones no solo carecen de sustento verificable, sino que desplazan el debate democrático hacia una lógica de enemigos internos y externos, donde el desacuerdo político deja de ser legítimo y se convierte en una amenaza espiritual o existencial. En ese marco, cualquier crítica a su gestión o a su agenda es interpretada como parte de un ataque coordinado para destruir su imagen y su proyecto político.
Cuando una autoridad pública presenta el disenso como maligno, satánico o conspirativo, se erosiona la posibilidad misma del debate democrático. Más aún cuando estas ideas se articulan con decisiones que afectan directamente a niñas bajo tutela del Estado, cuyos cuerpos y vidas quedan atrapados entre la violencia que ya sufrieron y un discurso que niega analizar y comprender la complejidad de su situación.
La pregunta ya no es solo si el albergue cumple con los requisitos formales, sino qué tipo de protección se ofrece cuando un credo en específico reemplaza al enfoque de derechos y cuando el Estado parece cómodo delegando responsabilidades sin supervisar los marcos éticos que se imponen.
Al final de la entrevista, la congresista pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por las imágenes difundidas. Sin embargo, la discusión de fondo permanece intacta.
