El pasado 29 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que revocará o denegará las visas de los funcionarios palestinos que busquen viajar a Nueva York para asistir a la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) del presente mes. La medida podría impedir la participación del presidente palestino Mahmoud Abás, cuyo discurso en el foro internacional puede ser clave para abordar la crítica situación humanitaria en Gaza.
Esta sesión de la ONU cobra especial relevancia, ya que varias potencias occidentales han manifestado su intención de reconocer a Palestina como Estado soberano. Francia y Reino Unido han adelantado que darán este paso, mientras que otros países como Canadá, Bélgica y Australia han expresado intenciones similares, desafiando la oposición de Estados Unidos e Israel. En particular, el Reino Unido ha condicionado su decisión a que Israel declare un alto al fuego antes de septiembre y se comprometa a no anexar Cisjordania. Para el primer ministro, Keir Starmer, la única solución viable al conflicto es la existencia de dos Estados, uno israelí y otro palestino, que coexistan de manera independiente y con garantías de seguridad propia.
Desde la Casa Blanca, el vocero Tommy Pigott justificó la decisión señalando que tanto la Autoridad Palestina como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) deben “repudiar el terrorismo” antes de ser considerados “socios de la paz”. Pigott añadió que Palestina debe “abandonar la búsqueda del reconocimiento unilateral de la condición de Estado”, reforzando la línea dura de Washington frente a las aspiraciones palestinas.
Cuestionando la gobernanza global
La decisión de Donald Trump ha desatado una fuerte controversia en el escenario internacional, ya que contradice la naturaleza misma de la ONU como organismo internacional independiente, cuya plataforma debe asegurar la cooperación entre naciones y la resolución de conflictos.
Como país anfitrión de la ONU, Estados Unidos está obligado por el Acuerdo de Sede de 1947 a garantizar el acceso y protección a funcionarios extranjeros al organismo. Al utilizar su posición de país anfitrión y hegemonía como potencia tradicional para condicionar o incluso impedir la participación de delegados palestinos, Washington proyecta la imagen de que las Naciones Unidas opera bajo la sombra de su política exterior.
Asimismo, esta medida podría tensar las relaciones bilaterales de Estados Unidos con los países que apoyan la causa palestina y critican las operaciones militares de Benjamín Netanyahu en Gaza.
Este tipo de acciones cuestionan la gobernanza global y la credibilidad del sistema multilateral, alimentando la percepción de que la ONU, en lugar de ser un espacio imparcial, es una extensión de los intereses estadounidenses. Como consecuencia, las organizaciones internacionales son percibidas como ineficaces, lo que genera desconfianza en países emergentes.
